"España constituye uno de los países principales de destino de estas mujeres", aseveró la presidenta de FMP, Yolanda Besteiro, quien manifestó la necesidad de aprobar en España un plan nacional contra la trata de mujeres; la trasposición de una Directiva Europea, para que se conceda el permiso de residencia a estas víctimas; e incorporar en la Ley integral contra la violencia de género al colectivo de prostitutas.
A este respecto, se refirió al último caso de la prostituta suramericana hallada muerta en el distrito madrileño de Usera. Para la presidenta de FMP la ley no contempla a estas mujeres, que, según apuntó, "no computan en las estadísticas oficiales", y explicó sólo protege a las mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas o ex parejas, sin considerar que "la explotación sexual es también violencia machista". "Para nosotras la prostitución no es un trabajo", añadió.
Más de la mitad proceden de Latinoamérica
Asimismo, el informe, basado en datos de la Guardia Civil, revela que Madrid, Castilla-La Macha y Valencia son las comunidades autónomas en las que, en 2006, la Guardia Civil y la Policía Nacional localizó un mayor número de víctimas, las cuales, más de la mitad (el 58,59 por ciento) fueron identificadas en clubes de carretera y provenían de Iberoamérica (Brasil, Colombia y República Dominicana, principalmente).
En cuanto al número de denuncias, Besteiro aseguró que sólo un tercio de estas mujeres suramericanas pusieron en conocimiento de las autoridades su situación de explotación, ya que, según explicó, "existe la dificultad de que se reconozcan como víctimas" porque las redes latinoamericanas "suelen dejar libres a estas mujeres una vez han terminado de pagar la deuda".
Sin embargo, reconoció que la situación irregular de esta mujeres y su obligación de enviar dinero a sus familias, "les impide salir de la prostitución, a pesar de quedar libres". Asimismo, aseguró que el tiempo en que tardan en pagar la deuda oscila entre "uno y dos años".
La feminización de la pobreza y de las responsabilidades familiares, las dificultades para mantenerse en el mercado de trabajo, o la visión idílica de España, son, según la presidenta FMP, "las principales causas" que obligan a estas mujeres a emigrar, si bien explicó que no son explotadas sexualmente por el binomio proxeneta-víctima, sino que suelen ser captadas por los "propios familiares" (el 72,5 por ciento).
Contrariamente a lo que se piensa, la presidenta de la FMP apuntó que la mayoría de estas ciudadanas latinoamericanas trabajaban en sus países de origen (83 por ciento) y tenían estudios primarios (56.3 por ciento). "El caracter familiar de las redes de trata que operan en América Latina incrementa la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes y acentúa el riesgo de ser captadas", añadió Besteiro
A este respecto, se refirió al último caso de la prostituta suramericana hallada muerta en el distrito madrileño de Usera. Para la presidenta de FMP la ley no contempla a estas mujeres, que, según apuntó, "no computan en las estadísticas oficiales", y explicó sólo protege a las mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas o ex parejas, sin considerar que "la explotación sexual es también violencia machista". "Para nosotras la prostitución no es un trabajo", añadió.
Más de la mitad proceden de Latinoamérica
Asimismo, el informe, basado en datos de la Guardia Civil, revela que Madrid, Castilla-La Macha y Valencia son las comunidades autónomas en las que, en 2006, la Guardia Civil y la Policía Nacional localizó un mayor número de víctimas, las cuales, más de la mitad (el 58,59 por ciento) fueron identificadas en clubes de carretera y provenían de Iberoamérica (Brasil, Colombia y República Dominicana, principalmente).
En cuanto al número de denuncias, Besteiro aseguró que sólo un tercio de estas mujeres suramericanas pusieron en conocimiento de las autoridades su situación de explotación, ya que, según explicó, "existe la dificultad de que se reconozcan como víctimas" porque las redes latinoamericanas "suelen dejar libres a estas mujeres una vez han terminado de pagar la deuda".
Sin embargo, reconoció que la situación irregular de esta mujeres y su obligación de enviar dinero a sus familias, "les impide salir de la prostitución, a pesar de quedar libres". Asimismo, aseguró que el tiempo en que tardan en pagar la deuda oscila entre "uno y dos años".
La feminización de la pobreza y de las responsabilidades familiares, las dificultades para mantenerse en el mercado de trabajo, o la visión idílica de España, son, según la presidenta FMP, "las principales causas" que obligan a estas mujeres a emigrar, si bien explicó que no son explotadas sexualmente por el binomio proxeneta-víctima, sino que suelen ser captadas por los "propios familiares" (el 72,5 por ciento).
Contrariamente a lo que se piensa, la presidenta de la FMP apuntó que la mayoría de estas ciudadanas latinoamericanas trabajaban en sus países de origen (83 por ciento) y tenían estudios primarios (56.3 por ciento). "El caracter familiar de las redes de trata que operan en América Latina incrementa la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes y acentúa el riesgo de ser captadas", añadió Besteiro
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