domingo, octubre 14, 2012

Un hombre estuvo once meses en la cárcel por siete denuncias falsas de maltrato



  • La acusación pide diez años y medio de prisión para la mujer que presentó las denuncias, así como el pago de una indemnización de 120.000 euros.
  • La Audiencia dictaminó que las lesiones denunciadas eran cortes superficiales que "parecen fruto de un origen voluntario".
  • El denunciado, además, no pudo cometer algunas de esas denuncias porque se encontraba en otro lugar.

La acusación particular ha pedido diez años y medio de cárcel para una mujer que será juzgada el próximo 5 de diciembre por presentar siete denuncias falsas de maltrato contra su ex compañero sentimental, lo que motivó que éste pasase once meses encarcelado.
El juzgado penal 7 de Sevilla enjuiciará a Raquel V.B. por presuntos delitos contra la administración de justicia, una vez que la Audiencia provincial de Sevilla declaró firme la absolución de su excompañero en siete denuncias de violencia machista.
El denunciado José Antonio Santos Barragán pasó once meses encarcelado por dichas denuncias de maltrato que no pudo cometer porque se encontraba en otro lugar o porque la mujer se causó ella misma las lesiones, según el auto de archivo definitivo dictado por la Sección Cuarta de la Audiencia, encargada de las cuestiones de violencia de género.
La Audiencia dictaminó que las lesiones denunciadas consistieron en cortes superficiales que, por su localización y forma, "parecen fruto de un origen voluntario, no exento de cierto cuidado, y no de un violento y descontrolado acometimiento" por otra persona.
Sus acusaciones estaban movidas por el ánimo mendaz de perjudicar a su exparejaAhora, el abogado del denunciado pide para Raquel una condena de un año y medio de cárcel por cada uno de los siete delitos de denuncia falsa, junto al pago de 120.000 euros de indemnización porque con sus acusaciones "movidas por el ánimo mendaz de perjudicar a su expareja" le mantuvo once meses en prisión y, dos meses después, otro día detenido en dependencias policiales, además de hacerle perder su trabajo como pulidor.
Las primeras denuncias fueron seguidas de órdenes de alejamiento hasta que, al persistir las presuntas agresiones, Santos ingresó en prisión el 24 de febrero de 2007 y no quedó libre hasta el 11 de enero de 2008, aunque con unas medidas de alejamiento que no se levantaron definitivamente hasta el 5 de junio de 2009, recuerda la acusación particular.

miércoles, octubre 10, 2012

Puntos de ¿encuentro?


¿Se han convertido los Puntos de encuentro en un negocio de unos cuantos?

 

¿Cabe hablar de PUNTOS DE DESENCUENTRO?

 

En un sistema legal como el nuestro, la justicia juega un papel fundamental a la hora de regular la convivencia pacífica de los ciudadanos/as, es decir, para obligar a alguien a hacer lo que no quiere, o reprocharle socialmente (mediante una condena) una conducta antisocial y penada por las leyes.

 

Si una resolución judicial establece como medida relativa al régimen de visitas a favor de los hijos menores de edad, la obligación del progenitor no custodio de recogerlos y reintegrarlos en los llamados Puntos de Encuentro, dicha medida esconderá una poderosa razón para su determinación, esto es, se habrá tomado en aquellos casos en los cuales la relación entre los progenitores no es todo lo buena y fluida que debiera ser, tras el divorcio.

 

Los Puntos de Encuentro deben ser un lugar donde acudan los progenitores que tengan problemas relacionales entre ellos, no un lugar al que quieren acudir los menores, por lo que los encargados de su puesta en funcionamiento deben precisamente por ello propiciar un clima favorable y de respeto mutuo entre todas las partes en conflicto, tratando de evitar enfrentamientos entre los padres a la hora de la recogida y entrega de sus hijos.

 

El derecho de los hijos a ver y estar con su padre y su madre debe estar por encima de todo esto, y es una de las manifestaciones más claras del llamado principio del "favor filii", es decir, cualquier decisión, judicial o administrativa, relativa a los menores habrá de estar presidida por el interés superior de los mismos que, en consecuencia, ha de prevalecer sobre cualquier otro, aun perfectamente legítimo, que pudiera concurrir.

 

En los últimos tiempos ha habido un considerable repunte de quejas de los progenitores en el sentido de que los Puntos de encuentro generan cada vez más conflictividad. Se radicalizan las posturas de los progenitores y dificultan el dialogo posterior. Los menores que acuden a estos centros, lo viven como una experiencia traumática en sus vidas.

 

Por ello, frente a aquellas instituciones y personalidades que piden más Puntos de encuentro, dí sin tapujos y sin temor a equivocarte: No a los Puntos de encuentro si no se dan las necesarias condiciones para que la recogida y entrega de los menores se desarrolle con normalidad y sin incidencias.

 

Si te has sentido agraviado en el trato de los diferentes profesionales puestos al servicio de esta labor, coméntanos tu problema. Juntos buscaremos alternativas reales y eficaces a los denominados Puntos de encuentro.

 


domingo, marzo 04, 2012

La RAE arremete contra las guías de lenguaje no sexista: "si hacemos caso no se podría hablar"


La RAE señala que estas guías suponen que el léxico, la morfología y la sintaxis deben tener relación explícita con el sexo y el género, lo cual desde el punto de vista lingüístico no se sostiene.


Jorge Marcos. 04.03.12. El pleno de la Real Academia Española (RAE) ha aprobado un informe del académico Ignacio Bosque en el que se critican las directrices contenidas en nueve guías sobre lenguaje no sexista elaboradas por comunidades autónomas, sindicatos y universidades, porque, si se aplicara estrictamente cuanto dicen, "no se podría hablar".
A los responsables de estas guías les molesta de forma especial el uso genérico del masculino para designar a los dos sexos, a pesar de que "está firmemente asentado en el sistema gramatical español" y de otras muchas lenguas, y recomiendan, por ejemplo, decir "la ciudadanía", en lugar de "todos los ciudadanos"; "las personas becarias", en vez de "los becarios", o "personas sin trabajo" y no "parados".
El informe "Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer", respaldado por todos los académicos asistentes al pleno del pasado día 1, puede consultarse íntegramente en el Boletín de información lingüística de la RAE (BILRAE), en la página web de esta institución.
Las guías analizadas son de la Junta de Andalucía y de la Generalitat Valenciana; de las universidades de Málaga (junto con el ayuntamiento de esta ciudad), Granada, Politécnica de Madrid, UNED y Murcia, y de Comisiones Obreras -en colaboración con el Ministerio de Igualdad- y UGT.
Estas guías extraen "una conclusión incorrecta de varias premisas verdaderas", porque, afirma Bosque, es cierto que "existe la discriminación hacia la mujer en nuestra sociedad", como también lo es la necesidad de "extender la igualdad social de hombres y mujeres, y lograr que la presencia de la mujer en la sociedad sea más visible".
Pero en esos textos se suele llegar a "una conclusión injustificada que muchos hispanohablantes consideramos insostenible": "suponer que el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones verbales que no sigan tal directriz, ya que no garantizarían 'la visibilidad de la mujer'".
Ante los argumentos de los lingüistas, los responsables de las guías podrían decir que sus recomendaciones proceden de "su sensibilidad ante la discriminación de la mujer en el mundo moderno". Pero ese argumento "es insostenible, puesto que califica arbitrariamente de sexista al grupo -absolutamente mayoritario- de mujeres y hombres con una sensibilidad diferente", afirma Bosque.
"¿Qué se supone que ha de pensar de sí misma una mujer que no se sienta excluida de la expresión 'Se hará saber a todos los estudiantes que 'por mucho que la Generalitat Valenciana le diga que la están discriminando?" Las guías analizadas "son poco flexibles en este punto.
Pareciera que se quiere dar a entender que la mujer que no perciba irregularidad alguna en el rótulo 'Colegio Oficial de Psicólogos de Castellón' debería pedir cita para ser atendida por los miembros de dicha institución", dice el autor.
Un buen paso hacia la solución del "problema de la visibilidad" sería "reconocer, simple y llanamente, que, si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías en sus términos más estrictos, no se podría hablar", asegura Bosque, quien cree que las propuestas están pensadas solo para el lenguaje oficial.
Pero, luego, "la autoridad, el responsable o el gestor que desdobla usuarios y usuarias o ciudadanos y ciudadanas se olvidaría de su desdoblamiento cuando ya no esté delante de un micrófono o de una cámara y hablaran como todo el mundo".
La mayor parte de estas guías han sido escritas sin la participación de los lingüistas y el autor asegura que, en algunos casos, las propuestas "conculcan aspectos gramaticales o léxicos firmemente asentados en nuestro sistema lingüístico, o bien anulan distinciones y matices que deberían explicar en sus clases de Lengua los profesores de Enseñanza Media, lo que introduce en cierta manera un conflicto de competencias".
"No hay, desde luego, ilegalidad alguna en las recomendaciones sobre el uso del lenguaje que se introducen en esas guías, pero es fácil adivinar cuál sería la reacción de las universidades, las comunidades autónomas, los ayuntamientos o los sindicatos si alguna institución dirigiera a los ciudadanos otras guías de actuación social sobre cuestiones que competen directamente a esos organismos, y, más aún, que lo hiciera sin consultar con ellos y sin tener en cuenta sus puntos de vista, cuando no despreciando abiertamente sus criterios".
Bosque tiene claro que el propósito último de las guías de lenguaje no sexista es loable porque quieren "contribuir a la emancipación de la mujer y a que alcance su igualdad con el hombre en todos los ámbitos del mundo profesional y laboral", pero no tiene sentido "forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad" ni "impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real".








http://www.diarioelaguijon.com/noticia/684/LOS-AGUIJONAZOS/rae-arremete-contra-gu%C3%ADas-lenguaje-sexista-hacemos-caso-podr%C3%ADa-hablar.html





miércoles, febrero 08, 2012

¿Luchar contra las mentiras? Carta abierta y pública al Magistrado Enrique López:

El día 6 de febrero de 2012, el Magistrado Enrique López publicaba en el Diario La Razón un artículo en el que afirmaba que nuestro sistema, nuestras leyes, y sobre todo nuestros jueces, ya hace tiempo que pasaron los debidos test democráticos.

Decía el Magistrado que "si uno analiza lo que está ocurriendo en nuestro país, sin tener en cuenta el contexto, podría parecer que o bien nos hemos vuelto locos, o bien nos hemos quedado sin instituciones…" y que "una persona que no conozca España, le llevaría a pensar que en nuestro país distamos y mucho, de convivir en un sistema democrático."
Afirma tajantemente Enrique López que en España se respetan las normas procedimentales, se respeta el derecho de defensa, y en suma que la "justicia española es justa"… Continua Don Enrique (y lo dice sin ruborizarse) diciendo que "nuestro país está situado en la vanguardia del respeto a las garantías individuales, y si bien se cometen errores, como en todos los sitios, los derechos fundamentales, incluido el de defensa, están plenamente garantizados, y conviene que esto se diga, porque de tanto guardar silencio y respeto a todas las opiniones, por muy disparatadas que sean, nos morimos de éxito, y sobre todo de deslegitimación. Nuestro sistema, nuestras leyes, y sobre todo nuestros jueces, ya hace tiempo que pasaron los debidos test democráticos, y quien viene a cuestionarlos pincha en hueso, más allá de encontrar cierto altavoz en algunos medios de comunicación nacionales e internacionales."

Luego pasa a hablar de cuestiones tales como los "presos políticos", asunto respecto del que estoy totalmente de acuerdo con él…

Más tarde nos habla de que en España está plenamente garantizada al "independencia del poder judicial" (también lo dice sin ponerse colorado)
Termina Don Enrique su artículo con la afirmación de que "A fuerza de repetir mucho una mentira se llega a creer que es verdad, y la razón se sustituye por la falsa tolerancia y por la búsqueda del consenso que enmascara la mendacidad. Ante esto sólo cabe el ejercicio de la razón y de la inteligencia, frente a la demagogia y al cretinismo. En España existe un Poder Judicial independiente y responsable, aunque no infalible,…"

Inevitablemente me viene a la memoria el libro de Alejandro Nieto, ex Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de la Universidad Complutense, que lleva por título "El desgobierno judicial", cuya lectura recomiendo de manera urgente a todos los que les preocupa el actual estado de la Justicia, y en especial al actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y por supuesto al Magistrado Enrique López.

El libro fue editado en el año 2004, y la descripción que en él se hace -de absoluta actualidad por desgracia- del poder judicial y de la administración de justicia es realmente deprimente, descorazonadora.

Permítame Señoría que le diga, con el debido respeto, que en España es un secreto a voces, y motivo de constante "alarma social" que en la Administración de Justicia se producen abusos de poder, prevaricaciones dolosas o culposas, encubrimientos corporativos, dilaciones indebidas dolosas, pérdidas de documentos, tráfico corporativo de influencias, tráfico de influencias de grupos de presión (o "lobbies", como ahora se los nombra…) sutiles amenazas, presiones y coacciones a los justiciables o usuarios de la Administración de Justicia o, también, a los abogados y procuradores para que no firmen determinados asuntos o recursos, etc. etc. llevadas a cabo, por acción u omisión, por jueces, magistrados, fiscales, con la colaboración en muchas ocasiones de abogados, procuradores y demás personal de la oficina judicial…

Como bien sabe Su Señoría, la Constitución Española de 1978, en su artículo 24, apartados 1 y 2, afirma que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia…"
También es obligado recordarle que, la Constitución Española de 1978, en su artículo 14, afirma que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."
Don Enrique, para que se garantice el derecho constitucional a la "Tutela Judicial Efectiva", es imprescindible la intervención de un juez imparcial. Es absolutamente inadmisible que el juzgador realice su labor a partir de simpatías, o fobias, u odios… o que se deje llevar por deseos tales como el de beneficiar a alguna de las partes, ya sea movido por el miedo (amenaza) o con el ánimo de obtener un beneficio personal (soborno) o por presiones de su entorno (superiores jerárquicos, grupo social, opinión pública, grupos de presión, lobbies, etc.)

¿Acaso Sr. Magistrado, en los Tribunales de Justicia del Reino de España no se dan todas las arbitrariedades descritas anteriormente? Algunos opinamos con rotundidad que ¡Sí!
Permítame Señoría, con la venia, recordarle que otro requisito fundamental para que se pueda afirmar que una determinada nación posee un Estado de Derecho, es que las decisiones judiciales sean previsibles. El derecho debe otorgar al ciudadano "seguridad".
La seguridad jurídica implica que los justiciables puedan saber a qué atenerse cuando acuden a los tribunales. La persona que acude a un juzgado debe de tener el grado máximo de certeza. Es inadmisible que quien acuda a los tribunales lo haga como el que acude a un casino de juego… el ciudadano debe tener posibilidad de anticipar el resultado final del proceso, no puede ser que acuda –como ocurre en la actualidad- con una absoluta incertidumbre… No olvidemos que esta es la clave de que el sistema judicial inspire mayor o menor confianza al ciudadano…

Y, ¿Qué me dice Sr. Enrique López de la arbitrariedad de las resoluciones judiciales?
Lo arbitrario está reñido con el Estado de derecho, pues el derecho es, justamente por definición, todo lo contrario de la arbitrariedad. Para que el sistema judicial inspire seguridad, es conditio sine qua non la sujeción de los jueces al derecho, a los hechos, a las pruebas, a la jurisprudencia, y, además, a la lógica y a la realidad. Las cosas en España distan muchísimo de ser así…
Y como tampoco ignora
 Su Señoría, respecto de semejante desbarajuste nadie quiere asumir responsabilidades, nadie tiene culpa de nada, siempre hay disculpas para todo, y quienes tienen capacidad de decidir, acaban diciendo que la culpa del desaguisado es de los otros: "la ley está muy mal hecha, y no puede mejorarse porque la oposición y el gobierno no se ponen de acuerdo, son muchos los jueces que están dominados por la pereza y la ignorancia, el Consejo General del Poder Judicial margina a los juristas competentes,…"

Sr. Enrique López, se suele decir que quienes no tienen intención de solucionar algún problema, buscan pretextos, en lugar de buscar soluciones (algunos crean "observatorios" a través de los cuales, sobre todo, ponen mucha atención… aunque no solucionen nada de nada) El anterior gobierno solía recurrir a frases como que estaban vigilantes, que les preocupaba seriamente, que estaban alerta, que no bajaban la guardia, y a frases tópicas por el estilo…

Sr. Enrique López, de sus palabras solo se puede concluir que tenemos un sistema judicial maravilloso y unos jueces que son el no va más. Pero la cruda realidad no indica precisamente eso; muy al contrario, la Administración de Justicia es posiblemente el ámbito de la Administración que menos simpatías suscita en la mayoría de los ciudadanos. Es imprescindible acabar con el "desgobierno judicial" que actualmente sufrimos. Es hora ya de que los jueces se sujeten al imperio de la ley (y no al revés) que en España se respete escrupulosamente la Constitución, y se acabe con la sensación general de arbitrariedad e inseguridad jurídicas actuales.

Los españoles no nos merecemos la injusta justicia que padecemos, lenta, cara y arbitraria; hay que acabar con la idea que tiene la mayoría de los ciudadanos españoles de la judicatura, de que es una casta privilegiada y que sus miembros gozan de impunidad e inmunidad… son ya demasiados los años que llevamos oyendo que es imprescindible una profunda reforma del sistema judicial español, demasiados, y a falta de verdadera voluntad de hincarle el diente al asunto, a lo que se viene recurriendo por sistema es a distraer la atención del ciudadano con la manipulación descarada de fenómenos parciales o colaterales, para así evitar que la opinión pública acabe poniendo la vista en las cuestiones de fondo, que son las que no se desean tocar; se recurre a cortinas de humo. Así se suele hacer en los últimos años prometiendo fórmulas milagrosas para acabar, pongo por caso, con la violencia doméstica… El caso es aparentar que se está haciendo algo.

La triste realidad –hasta ahora- Sr. López es que no hay voluntad de solucionar el problema de la Justicia. Hemos llegado a tal extremo, que ya no caben parches, ni ungüentos. Como dice el profesor Nieto, es imprescindible recurrir a medidas quirúrgicas. Si más tarde o más temprano no se adoptan tales medidas quirúrgicas –esperemos que el Ministro Ruiz-Gallardón actúe más pronto que tarde- a la única conclusión a la que podemos llegar, es a la de que los políticos son los primeros interesados en que las actuales perversiones de la justicia sigan existiendo, para que el Poder Judicial no los pueda controlar, y para poder así, seguir controlando la Administración de Justicia desde el Ministerio del ramo…
Tal como señala en su libro el profesor Nieto, la intervención de los políticos en la Administración de Justicia ha sido una constante en la historia de España, en los últimos siglos. El poder político ha manejado a los jueces a su antojo, y ha influido sin pudor en sus resoluciones, ha entregado los juzgados a jueces "afines", ha creado una red clientelar y los ha premiado por los servicios prestados… Daba igual el régimen político del que se tratara, las constituciones y las leyes siempre eran ignoradas y despreciadas.

Sr. Magistrado, como usted sabe usted sobradamente, los partidos políticos que se han turnado en el poder desde el final de la dictadura, respetan cínicamente la fórmula del Estado de Derecho, al que han ido vaciando de todo contenido, respetan en apariencia las competencias del poder judicial, dominan a los jueces que lo integran y así se aseguran que el poder judicial no perjudique a sus intereses y mucho menos controle sus actuaciones. Cada cierto tiempo "sufrimos" una serie de reformas, que lejos de pretender una auténtica y profunda reforma de la justicia (pese a la retórica vacía de los trovadores del régimen) lo único que demuestran es la lucha de los diversos grupos de presión por patrimonializar el poder judicial. Hasta ahora los protagonistas de tales reformas-luchas siempre han sido cuatro: el PSOE, el PP, los miembros de la carrera judicial y las Comunidades Autónomas.
En este panorama, la posición de los jueces (también hay jueces honestos, ¡ojo!) también es desesperanzadora: son conscientes de la manipulación de los políticos, se ven obligados a aplicar normas éticamente intolerables, e incluso se las ven y se las desean para intentar aplicar -incluso- las normas más o menos buenas, que el ordenamiento legal pone a su alcance.

La realidad, terrible realidad, es que no pueden asistir a las pruebas, tampoco tienen tiempo de leer los escritos que presentan las partes en conflicto (tal como la ley les obliga) y se ven incapaces de dictar sentencia en los plazos establecidos, al no disponer del tiempo necesario para redactar sus resoluciones (por lo cual han de encargárselo a funcionarios que no son jueces) De este modo, están negándole a los justiciables el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva -artículo 24 de la Constitución- del cual según la Constitución son los encargados de proteger.

Sr. Enrique López, todo es un paripé, una cínica farsa, que finaliza con la publicación de sentencias "en audiencia pública", como la Constitución dice, y nunca se realiza.
Para poner remedio a todo ello, los políticos deberían renunciar a la utilización partidista de la justicia, y a la judicialización de la política, a lo que por lo que vienen demostrando legislatura tras legislatura, que no están dispuestos. Porque, o nos tomamos en serio la reforma de la Justicia o nunca tendremos una democracia seria. Pues la Administración de Justicia no es sólo cosa de los jueces y de los políticos, es cosa de todos los ciudadanos, y a todos nos concierne. Nadie puede decir que el asunto le traiga al fresco, pues tarde o temprano puede sufrir las consecuencias de esta "justicia injusta" que no nos merecemos.

Si la Administración de Justicia no alcanza un determinado nivel de calidad, no se la puede nombrar como tal, ni tampoco se puede tachar a nadie de fatalista o catastrofista, por llamar a las cosas por su nombre. El Poder Judicial en cuanto a institución constitucional, no existe, es un gran engaño, una falacia, una estafa intolerable (aunque, hay que reconocer que afortunadamente sigue habiendo jueces y fiscales que pese a las coacciones políticas, corporativas e institucionales, tienen la valentía de imponer la ley).
Lo que está en juego es al fin y al cabo la auténtica independencia de los jueces, independencia que nunca será real mientras que la Justicia siga siendo la continuación de la lucha política en otro ámbito y con otras armas.

Es deseable que la Administración de Justicia, como servicio público funcione, pero tal cosa es casi imposible con el actual desgobierno, en el que se confunde independencia con impunidad, con jueces intocables, un "Estado de Derecho en el que más vale que renuncies por tu bien a tus derechos para no cabrear al juez"…
La deplorable situación de la Justicia en España depende de decisiones políticas: hay que hacer que los jueces estén más cerca de la gente y/o que la gente pueda acercarse más a los jueces, hay que legislar sin miedo ni complejos y, ya puestos, habrá que plantearse si no sería bueno que en el CGPJ no haya sólo juristas -cercanos además a los partidos- sino solventes representantes de la sociedad y no sólo "compañeros de profesión".

No es cuestión de desconfianza, sencillamente, pienso que es preferible abrir el abanico, pues como decía más arriba: la Justicia no es sólo cosa de los jueces y de los políticos, es cosa de todos los ciudadanos, y a todos nos concierne. Y, por favor, no caigamos en el "buenismo" de considerar que la Administración de Justicia española es buena, y que las corrupciones de las que hablo son excepciones, o pequeñas anomalías, o disfunciones que nada empañan la enorme perfección del sistema, y que pueden ser eliminadas fácilmente…

Puede que lo que aquí se afirma no guste demasiado a los que están acostumbrados a las alabanzas, a las adulaciones, a los elogios "política y socialmente correctos"… Pero somos muchos, demasiados, sino todos al fin y al cabo, los que padecemos esta "Injusticia" travestida de justicia, maquillada de leyes cínicas e hipócritas, palabras vacías, retórica hueca…
Don Enrique, estoy hablando de un debate urgente, imprescindible, inaplazable si realmente se quiere recuperar (mejor dicho, adquirir) el tantas veces cacareado "Estado de Derecho"…


domingo, enero 22, 2012

Reconocimiento del SAP


La unión latinoamericana de entidades de psicología (ULAPSI) ha reconocido la existencia del SAP o Síndrome de Alienación Parental, trastorno sufrido por los menores que son manipulados psicológica y emocionalmente por uno de los cónyuges en contra del otro, en el contexto de los conflictos de pareja y con el resultado de un grado de rechazo variable entre uno de los progenitores y el menor manipulado. Así América Latina se acerca al mejor manejo de este abuso reconocible con frecuencia en el contexto cotidiano.

Es lamentable que nuestro país se quede a la zaga en la lucha contra el SAP sólo porque los grupos de presión hembristas obstruyan  el reconocimiento de su existencia y persecución legal por no encajar con sus intereses. En otros países menos influenciados por el hembrismo como por ejemplo Brasil o México ya existen leyes que penalizan este tipo de delito. En Portugal la Ministra de Justicia admitió recientemente que el SAP no es un mito y sí una  forma de maltrato cada día más frecuente en el seno de la ruptura de parejas, precisamente al desmentir la idea básica de una ponencia sobre la cuestión dada en su país y en la que participaban dos feministas de género españolas.

El reconocimiento por parte de la ULAPSI de la existencia del grave maltrato doméstico e infantil que es el SAP debería ser una alarma  que alertase a nuestros dirigentes sobre la necesidad de luchar en su contra. Esperemos que la influencia cercana al poder e interesada de las ultrafeministas no bloquee por mucho más tiempo la lucha contra el SAP y nosotros tengamos lo más pronto posible nuestra aceptación de su existencia, animada por el ejemplo latinoamericano.