Congreso de la asociación de abogados de familia
Buenas.
Para echarse a temblar. Con ponentes como la jueza Dolores Planes o Eduardo Hijas cualquiera confía en la justicia.
Cena a 50 ?, habitación a 150 ?. ¿Quién lo paga? Los tontos de sus clientes.
http://www.aeafa.es/pdf/Encuentro15.pdf
Zugasti
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Para echarse a temblar. Con ponentes como la jueza Dolores Planes o Eduardo Hijas cualquiera confía en la justicia.
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ELCHE
La falta de psicólogos retrasa meses las sentencias en el juzgado de Familia
La titular de la oficina judicial urge en un escrito al presidente de la Audiencia, a la sala de gobierno del TSJ y al conseller de Justicia a crear un equipo en Elche
07.03.08 -
NECESIDAD. Funcionarios en las dependencias del Juzgado de Familia de Elche, ayer. / PACO UCLÉS
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el conseller de Justicia, Fernando de Rosa, recibirán en breve un escrito remitido por la magistrada-juez titular del jugado de Familia de Elche, Sandra Peinado, en el que urge a la creación de un equipo psicosocial (EPA) adscrito a su oficina judicial. Este equipo, como los que trabajan en Valencia y en Alicante, estaría formado por un perito psicólogo y un trabajador social. No se trata de una petición caprichosa, ni baladí, sino de una necesidad, tal como remarca la juez.
La ausencia de un perito psicólogo adscrito a este juzgado ilicitano provoca retraso en la tramitación de los asuntos durante semanas. Peinado explica que, en el caso de que una o ambas partes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita y soliciten un perito psicólogo, o lo pida la magistrada, hay que dar numerosos pasos que no serían necesario si se contara con un equipo en Elche. La tramitación obligada entraña la remisión de un oficio al Colegio de Psicólogos para que designe a un profesional, la comunicación al perito de su designación y la citación para que comparezca a la aceptación del cargo, y la elaboración de un informe por el perito (entrevistas con los progenitores y menores que, previamente, requieren que el perito contacte con ellos y que los padres cumplan luego con la cita).
Hay que añadir el tiempo necesario hasta la presentación del informe y la ratificación del mismo, además de la declaración en la vista, donde el perito aclara o amplia los términos de su informe. Estos son todos los trámites imprescindibles en el caso de la justicia gratuita, pero hay otros tantos cuando las partes no tienen derecho a la misma. El procedimiento, tal como resulta obvio, se dilata excesivamente por estas circunstancias.
El juzgado de Familia ilicitano, a pesar de ser Elche la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, comparte los peritos psicólogos con todos los juzgados del partido judicial así como con los del resto de la provincia, a excepción de los de Familia y de Violencia sobre la Mujer de Alicante. Éstos últimos disponen de su equipo propio, integrado por dos psicólogos y un trabajador social.
Si se comparan los asuntos tramitados en 2006 y 2007 por los dos juzgados de Familia de Alicante y el de Elche, éste último está muy por encima en número de asuntos. La diferencia se sitúa en una media de 300 casos más al año.
En su escrito, la magistrada insiste en que el supuesto más preocupante se da cuando la vista del procedimiento ya se ha celebrado y sólo queda la presentación del informe pericial para que se pueda dictar sentencia. La titular del juzgado ilicitano no esconde que pueden transcurrir varios meses hasta que se emite el informe por parte del perito que tiene mucho trabajo en toda la provincia.
Con este retraso se incumple el plazo legalmente establecido de treinta días para la práctica de la prueba, que no se pudo llevar a cabo en el acto del juicio.
Situación de riesgo
Los menores se pueden ver también perjudicados, a pesar de que deben ser los primeros en el rango de protección. A veces, insiste la magistrada, se desconoce la situación de riesgo en la que se puede encontrar el menor hasta que se recibe el informe del p erito psicólogo.
Esto impide que el juzgado pueda llevar a cabo los cambios necesarios en la guardia y custodia, o en el régimen de visitas (supresión o restricción), por lo que lleva un mantenimiento de situación de riesgos para los chavales mucho más prolongado.
La falta del equipo psicosocial entraña más problemas. En los asuntos de Familia intervienen también el Punto de Encuentro Familiar de Elche, los Servicios Sociales del los distintos ayuntamientos del partido judicial, la Unidad de Salud Mental y la Unidad de Salud Mental Infantil, ambas ilicitanas. Sin el equipo, la coordinación entre todos estos agentes se dificulta mucho.
El juzgado de Familia de Elche, subraya la magistrada, se encuentra en una situación de desigualdad completa respecto a los de Valencia y de Alicante, sobre todo los ciudadanos que pleitean y están a expensas del EPA provincial.
La ausencia de un perito psicólogo adscrito a este juzgado ilicitano provoca retraso en la tramitación de los asuntos durante semanas. Peinado explica que, en el caso de que una o ambas partes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita y soliciten un perito psicólogo, o lo pida la magistrada, hay que dar numerosos pasos que no serían necesario si se contara con un equipo en Elche. La tramitación obligada entraña la remisión de un oficio al Colegio de Psicólogos para que designe a un profesional, la comunicación al perito de su designación y la citación para que comparezca a la aceptación del cargo, y la elaboración de un informe por el perito (entrevistas con los progenitores y menores que, previamente, requieren que el perito contacte con ellos y que los padres cumplan luego con la cita).
Hay que añadir el tiempo necesario hasta la presentación del informe y la ratificación del mismo, además de la declaración en la vista, donde el perito aclara o amplia los términos de su informe. Estos son todos los trámites imprescindibles en el caso de la justicia gratuita, pero hay otros tantos cuando las partes no tienen derecho a la misma. El procedimiento, tal como resulta obvio, se dilata excesivamente por estas circunstancias.
El juzgado de Familia ilicitano, a pesar de ser Elche la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, comparte los peritos psicólogos con todos los juzgados del partido judicial así como con los del resto de la provincia, a excepción de los de Familia y de Violencia sobre la Mujer de Alicante. Éstos últimos disponen de su equipo propio, integrado por dos psicólogos y un trabajador social.
Si se comparan los asuntos tramitados en 2006 y 2007 por los dos juzgados de Familia de Alicante y el de Elche, éste último está muy por encima en número de asuntos. La diferencia se sitúa en una media de 300 casos más al año.
En su escrito, la magistrada insiste en que el supuesto más preocupante se da cuando la vista del procedimiento ya se ha celebrado y sólo queda la presentación del informe pericial para que se pueda dictar sentencia. La titular del juzgado ilicitano no esconde que pueden transcurrir varios meses hasta que se emite el informe por parte del perito que tiene mucho trabajo en toda la provincia.
Con este retraso se incumple el plazo legalmente establecido de treinta días para la práctica de la prueba, que no se pudo llevar a cabo en el acto del juicio.
Situación de riesgo
Los menores se pueden ver también perjudicados, a pesar de que deben ser los primeros en el rango de protección. A veces, insiste la magistrada, se desconoce la situación de riesgo en la que se puede encontrar el menor hasta que se recibe el informe del p erito psicólogo.
Esto impide que el juzgado pueda llevar a cabo los cambios necesarios en la guardia y custodia, o en el régimen de visitas (supresión o restricción), por lo que lleva un mantenimiento de situación de riesgos para los chavales mucho más prolongado.
La falta del equipo psicosocial entraña más problemas. En los asuntos de Familia intervienen también el Punto de Encuentro Familiar de Elche, los Servicios Sociales del los distintos ayuntamientos del partido judicial, la Unidad de Salud Mental y la Unidad de Salud Mental Infantil, ambas ilicitanas. Sin el equipo, la coordinación entre todos estos agentes se dificulta mucho.
El juzgado de Familia de Elche, subraya la magistrada, se encuentra en una situación de desigualdad completa respecto a los de Valencia y de Alicante, sobre todo los ciudadanos que pleitean y están a expensas del EPA provincial.
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