Las latinas tienen el mayor número de denuncias por maltrato en España

 

 

http://www.diariouno.com.ar/contenidos/2008/08/07/noticia_0035.html

 

Los agresores aprovechan su indefensión emocional, jurídica y económica para someterlas.

 

07.08.2008

 

La violencia contra las mujeres puede estallar en cualquier rincón de los hogares españoles y en todas las capas de la sociedad. Pero sí que existe un colectivo especialmente susceptible al maltrato, tanto físico como psicológico, por parte de sus parejas o ex parejas: las mujeres inmigrantes, en especial las que se hallan en situación irregular o han llegado aquí tras un proceso de reagrupación familiar.

Los agresores se aprovechan de su indefensión emocional -que se deriva de la falta de lazos sociales en el país de acogida-, y también jurídica y económica -no son independientes ante la justicia y no tienen permiso de trabajo- para someterlas y mantenerlas bajo su yugo.

Las mujeres extranjeras, sobre todo las latinoamericanas -que son las que tienen más presencia en España-, provienen de estructuras socioculturales fundamentadas en el patriarcado. Las mismas pautas que sus parejas reproducen una vez han llegado aquí. Pero son también algunos españoles que anhelan a la mujer con la pata quebrada y en casa -y no aceptan la independencia y los logros en igualdad que ha conseguido la fémina nacional- los que se van a buscar a esposas sumisas más allá de nuestras fronteras. Y cuando ellas llegan aquí y ven que es posible desprenderse de las cadenas machistas y ser independientes, ellos sienten que pierden el control, dicen los expertos.

Ellas se rebelan y la mecha empieza a prender: un insulto, una amenaza, una bofetada... Él se convierte en agresor y el mecanismo de la violencia de género ya se ha puesto en marcha. Marisa es su nombre ficticio. Es de Ecuador y tiene 34 años. Lleva cinco en España. Conoció aquí al que fue su pareja, de la misma nacionalidad del que se quedó embarazada. La felicidad duró tan sólo unos meses, tras los que él la empezó a maltratar. "Me golpeaba muy fuerte, con cualquier excusa, me insultaba y me lanzaba cosas para hacerme daño. Un día, entre paliza y paliza, me sentía como una pluma que se caía al suelo, lentamente".

Marisa estaba ya embarazada. "Mis compañeras me decían que lo denunciara, pero a mí me daba miedo irme de casa. '¿Qué le voy a dar de comer a mi hija? ¿A dónde voy a ir?, me preguntaba. Sentía que la vida se me estaba yendo". Un día fue a la Policía. "Me dijeron que si no presentaba golpes no podían hacer nada". Poco después vio claro que tenía que poner fin a esa espiral violenta que sufría, se llenó de valor y denunció. Estuvo en una casa de acogida hasta que consiguió la orden de protección. "Como era irregular, no recibí ayudas". Marisa salió con vida, pero hay otras mujeres inmigrantes que no lo lograron, como María de León Reyes, dominicana de 37 años que desapareció en Gijón y fue encontrada muerta hace tres días, o Diana, una joven hondureña de 20, cuyo agresor se entregó en Figueres (Girona). En 1999 fueron siete (el 14%), de un total de 54 mujeres asesinadas, según datos del Instituto de la Mujer. Años después, en 2007, tras el fenómeno migratorio, las víctimas extranjeras se elevaron a 28 (el 39,4%), entre las 71 muertas registradas.

En lo que va de año, de las 37 mujeres que han perdido la vida a manos de la violencia machista 15 de ellas (el 40%) eran inmigrantes, según las cifras oficiales (los datos recogidos por EL PAÍS incluyen también aquellos casos en que principal sospechoso es la pareja o ex pareja de la víctima, pero la polícía aún no los ha cerrado). Estos datos reflejan que la mayoría de mujeres asesinadas por sus cónyuges o ex parejas son de nacionalidad española, pero existen otras cifras que descubren otra realidad paralela, diferente, y demuestran la "sobreexposición y la sobrerepresentación" de las víctimas extranjeras, en palabras del médico forense y actual delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente.

De las 22.820.761 mujeres que hay en España, 2.106.785 son inmigrantes (el 9,2%). Teniendo en cuenta este porcentaje, ahí va el dato preocupante: la tasa de extranjeras asesinadas por millón de mujeres inmigrantes fue de 13,18 en 2007, mientras que la misma cifra respecto las víctimas nacionales fue de 2,05. Lo mismo ocurre con el agresor. Aunque el 38,03% de ellos fuera extranjero, la tasa de los asesinos o presuntos asesinos inmigrantes por millón de habitantes nacidos fuera de España es de 11,27, mientras que las mismas cifras respecto a los agresores nacionales es de 2,21. El informe Mujeres inmigrantes y Violencia de Género de la Federación de Mujeres Progresistas deja muy claro que este colectivo, "por el hecho de ser extranjero", está rodeado de "una serie de circunstancias que aumentan su desamparo en relación a este delito y dificultan la ruptura del ciclo violento". La primera recibe el nombre de "duelo migratorio": la mujer que emigra se encuentra desarraigada, en un país extraño, de costumbres y culturas ajenas, sin su familia y sin sus hijos -en la mayoría de los casos- y, en gran medida, con sus expectativas frustradas.

"Muchas vienen aquí pensando que esto es un paraíso para hacer dinero, porque así se lo han contado en sus países de origen. Allí les interesa que la gente emigre para que luego manden remesas", explica Yolanda Mateo, psicóloga de la ONG Vomade. Si el reajuste psicológico de estas mujeres en el proceso de adaptación no se alcanza, se producen una serie de alteraciones psíquicas o mentales que, con frecuencia, derivan en depresión y ansiedad. Según el doctor Joseba Achótegui, de la Universidad de Barcelona, este trastorno afecta a 600.000 inmigrantes irregulares y otros 200.000 en situación de temporalidad. Estas mujeres, pues, pueden soportan situaciones de maltrato por diversas razones: emprender acciones legales contra su pareja añadiría aún mayor carga emocional y traumática a sus vidas y podrían verlo, más que como una liberación, una complicación añadida que, en algunos casos, conllevaría el rechazo de familiares y amigos. Es decir, se enfrentarían a una nueva situación de desarraigo.

"Ellas no se atreven a denunciar porque podrían expulsar a sus maridos o parejas, y ellos son lo único que tienen y conocen", asegura Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Las interminables horas de trabajo, la exigencia añadida de asumir las tareas de hogar, el cuidado de los hijos y cierta tendencia a la formación de guetos no propician la participación de las mujeres inmigrantes, el contacto con la sociedad local y el acceso a la información sobre sus derechos, en comparación con las ciudadanas españolas. Y sus salarios son reducidos, por lo que necesitan el apoyo de otro sueldo. Los agresores se aprovechan pues de la situación de precariedad, tanto afectiva como económica, de sus víctimas, haciéndoles ver que ellos son lo único que tienen, factor de dependencia al que se añade la falta de redes sociales de apoyo. En palabras de Lorente, uno de los factores fundamentales que diferencia a la víctima extranjera de la española es que, en el caso de la primera "el agresor controla todas las fuentes de apoyo externo y, además, actúa en nombre de un bien superior, el honor, él es el guardián del orden establecido. Aquí el asesinato es moral".

Los casos en que la víctima inmigrante es irregular o ha llegado a España reagrupada son extremadamente difíciles y delicados, como ya ha denunciado los expertos. De entrada, estas mujeres perciben las administraciones públicas más como una amenaza que como una fuente de protección, tienen miedo a no ser creídas, a que la denuncia pueda afectar a su proceso de regularización y a la normativa de extranjería. La autorización de residencia de las reagrupadas está condicionada a la convivencia con su pareja y no están autorizadas para trabajar. Para no perder la autorización al separarse de su agresor, deben contar con una orden de protección judicial y ésta "puede llegar en 48 horas o tardar varios meses", apunta Abril. Además, la autorización de residencia independiente no va acompañada de un permiso de trabajo, con lo que carecen de una autonomía económica que les ayude a romper el ciclo violento. Se les exige, como a todo inmigrante, que cuenten con una oferta de trabajo. Con todo esto, como reivindica Abril, estas mujeres deberían recibir unas ayudas económicas mínimas para que puedan sobrevivir mientras consiguen la orden judicial de protección y el permiso de residencia.

Las mujeres inmigrantes ilegales ya se encuentran con una gran barrera en el primer paso para salir del círculo del maltrato: las dependencias policiales y la Instrucción 14/2005, que les puede acarrear la apertura de un expediente sancionador según la normativa de extranjería. A pesar de que el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que "todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados sus derechos", la mencionada Instrucción recuerda al funcionario policial que tiene "la obligación" de "abrir un procedimiento sancionador". Y éste puede acabar en expulsión o multa, aunque quede en suspenso mientras se dicta la resolución judicial sobre la orden de protección y la autorización de residencia temporal.

Algunas abogadas consultadas confiesan que tienen sus estrategias para evitar la Policía, como denunciar en el juzgado de guardia o ante la policía municipal, o hablar con la dependencia policial para asegurarse de que la Instrucción no se va a seguir. Montserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial, explica: "En el terreno de la tutela penal, incluso desde antes de la entrada en vigor de la Ley Integral, en España jamás se ha diferenciado la condición administrativa de la víctima. En ningún juzgado de instrucción se pide el permiso de residencia para continuar con la tramitación de la denuncia o la investigación del delito". Pero, a continuación, reconoce: "Sí que existe una ley, la de Extranjería, que colisiona con los supuestos de la Ley Integral, y ambas son leyes orgánicas".

Otro de los obstáculos de la mujer inmigrante en situación irregular es que se le exige la denuncia para acceder a centros de acogida o tratamientos psicológicos. Y muchas veces ellas, por miedo, la han acabado por retirar. Finalmente, al ser irregulares, no pueden acceder a las ayudas económicas para las víctimas de violencia de género con orden de protección judicial y sin ingresos, como la Renta Activa de Inserción, adscritas al ámbito de las ayudas sociales para demandantes de empleo. Y si quieren trabajar, les ocurre los mismo que a las reagrupadas; es decir, necesitan una oferta de trabajo. Ester García, abogada especialista en violencia de género y extranjería, y Consuelo Abril coinciden, además, en que "la mayoría de los abogados de turnos de oficio en violencia de género tienen poco conocimiento de extranjería". En definitiva, como mantiene Abril, "las víctimas extranjeras de violencia de género necesitan una discriminación positiva; debería haber otro 016 para ellas". Y es que, "al salir la Ley Integral hubo mucha autocomplacencia. Ahora desde el Gobierno se está empezando a reconocer que hay insuficiencias, en especial respecto a la mujer inmigrante", confiesa.