Una jueza decana que habla claro: la de Barcelona

 

 La juez decana de Barcelona, María Sanahuja, denuncia «miles» de detenciones masivas «sin apenas indicios» por malos tratos

CAROL ALVAREZ. BARCELONA.-

 

«No hay delito que lleve a la detención masiva de miles de hombres, sin apenas indicios», denuncia la juez decana de Barcelona, María Sanahuja, pero la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género lleva a hacer real esta situación, «propia de regímenes totalitarios», advierte la decana. Fue ése el pensamiento de Sanahuja cuando concluyó, ayer, que «la Justicia española aún ha de hacer la transición democrática».

 

Sanahuja denunció esta norma desde una óptica que supone una pirueta novedosa, la que reivindica la indefensión de los hombres, víctimas de una ley que los discrimina y que «causa una vulneración de derechos fundamentales en nuestro país que repugna».

 

El contexto en el que la decana hizo estas manifestaciones fue la presentación del libro El varón castrado, que, según su autor, José Díaz Herrera, pretende desvelar las verdades y mentiras de la violencia doméstica en España.

 

Sanahuja lamentó que el problema de la violencia, con toda la gravedad que comporta, «se ha llevado a un punto de locura» que ha generado un uso «abusivo» de la ley, la destrucción de la prueba del proceso y la ausencia de presunción de inocencia.

 

La juez decana de Barcelona forma parte del movimiento denominado El otro feminismo, que rechaza la discriminación positiva que recoge la controvertida ley porque podría vulnerar varios derechos, como el de igualdad, el de legalidad, el derecho a la libertad y a la seguridad o a la tutela judicial efectiva.

 

Y, yendo de lo general a lo particular, Sanahuja apuntó que «una condena injusta genera una violencia tremenda, una espiral en que la víctima entra en un proceso de autodestrucción», pierde el control de sus actos, redobla la violencia e incluso acaba recurriendo al suicidio.

 

Entonando el mea culpa como copartícipe de las consecuencias que acarrea esta polémica Ley contra la Violencia de Género -«Todos somos responsables»-, Sanahuja señaló que «hemos causado un gran dolor a un montón de hombres».

 

La juez advierte que la responsabilidad del desaguisado que provoca la ley se remonta al Ejecutivo del Partido Popular y a la reforma del Código Penal de 1993, pero que el cambio de gobierno no sólo no enmendó este error, sino que lo perpetuó en distintas revisiones del tipo delictivo que tuvieron como colofón la actual Ley Integral. «El PSOE ha compendiado lo que hizo el PP», señala Sanahuja, y lo ha hecho con el apoyo unánime del Congreso.

 

Y es que, razona la juez, «castigar más al hombre no tiene ningún sentido» y es totalmente desproporcionado haber llegado al extremo actual, que ha llevado la «mala educación al Código Penal». De hecho, la decana espera que la futura reforma del Código Penal coja el toro por los cuernos y devuelva la problemática «a su justo término».

 

«Si incluimos las faltas de educación en el Código Penal, no dejaremos a nadie fuera de la cárcel, porque todos habremos sido maltratadores alguna vez», advirtió.

 

Sanahuja lamentó, igualmente, que la parte realmente positiva de la ley, la que prevé recursos asistenciales, no se haya desplegado.

 

 

A CONTINUACION SE TRANSCRIBE UNA ENTREVISTA EFECTUADA A Dª MARIA SANAHUJA

 

SOCIEDAD
Diario de Sevilla _ DO. 21. 5. 2006

María Sanahúja Buenaventura.
Decana de los jueces de Barcelona. M. G. MAGISTRADA, fue elegida como decana de los jueces de Barcelona a principios de 2004.

Su experiencia profesional y personaltiene 45 años, está divorciada y comparte la custodia de sus dos hijas con su exmarido avalan con garantía su peculiar radiografía sobre la respuesta judicial que en España se da a los conflictos familiares. Se define como feminista porque vive y constata la discriminación de la mujer, pero sus gafas de mirar el mundo no le impiden ver que la mujer no siempre es la víctima.

por MARÍA JOSÉ GUZMÁN

BARCELONA. Hace dos años unas declaraciones de la decana de los jueces de Barcelona acerca de las falsas denuncias de maltrato dieron la vuelta a España y levantaron una polvareda que llegó hasta los despachos del Consejo General del Poder Judicial, al que algunas asociaciones feministas llegaron incluso para pedir que se le prohibiera hablar más en público. Pero, desde entonces, también antes, María Sanahúja no desperdicia una buena ocasión para expresar sus opiniones sobre las políticas de familia y de protección a la mujer y está convencida de que el Código Penal no puede ser el único instrumento de lucha porque, mal utilizado, puede incentivar más la violencia.

LA SITUACIÓN ACTUAL

"Hay caza de brujas y no se sabe qué hacer"

María Sanahúja asegura que actualmente se ha establecido un régimen de funcionamiento en materia de malos tratos que es "absolutamente totalitario, hay caza de brujas". "Todos, jueces, fiscales, abogados... no sabemos qué hacer para parar esta situación", comenta y explica que hay abogados que le dicen que no pueden sugerir a un cliente que está equivocado y que, ante una noticia de homicidio, lo primero que se investiga es si había o no "papelito" del juez. La decana es consciente de que será duramente criticada por cada una de las disfunciones que denuncie.

-- ¿Quiere decir que teme pronunciarse de con independencia?

Entrevista:

–¿ Qué le motivó a hacer esas declaraciones?

–Yo levanté el primer cadáver de mujer muerta a manos de su marido en Cornellá en 1997. Entonces reaccionamos, comenzamos a sumar víctimas y también a acordar medidas de protección, algo que se hacía también antes de que existiera la Ley integral. Entonces ya percibí que había una tendencia por parte de algunas mujeres a denunciar al otro porque pensaban que así obtenían mejores condiciones tras un proceso de ruptura matrimonial. Antes se investigaba, preguntábamos a parientes, vecinos, profesores... a todo el mundo y resolvíamos con rapidez a pesar de acabar a las 11, 12 o una de la madrugada. Lo podíamos hacer en ciudades pequeñas. Ahora, con miles de órdenes de protección, alentadas por la Ley, hay un Código Penal que lo penaliza todo y agresiones que no causan ninguna lesión se castigan con prisión. Los casos llegan al juzgado y, sin tiempo para investigar, se hace un juicio rápido y hechos que no son graves acaban siendo delitos de prisión. Eso no es razonable. No se puede dejar todo el aparato judicial en manos de lo que te dice una señora. Las verdades son muy subjetivas a veces.

–Interpreto que, lejos de mejorar, la nueva Ley lo agrava todo.

–Ya con la reforma legal que hizo el gobierno del PP, y que ahora se ha continuado, se fomentaba el uso del Código Penal como principal instrumento para luchar contra este problema y, usado de manera desproporcionada, es capaz de incentivar aún más la violencia. El actual Gobierno ha abundado en la misma línea errónea. Ahora todo es delito y justo las respuestas que pensamos que pueden llegar a solucionar los conflictos se eliminan, como ha ocurrido con la mediación. Hay otras medidas educativas, sanitarias, preventivas en definitiva que están bien, pero ahí no ha llegado aún el dinero.

–¿Es un problema de fondos?

–Se podría hacer mejor simplemente coordinando los recursos. El peso no puede recaer sólo en los juzgados, tampoco en la Policía, pero si todas las administraciones (también la sanitaria, la educativa...) nos unimos y establecemos cauces, se podrá investigar en poco tiempo y dictar resoluciones con elementos que nos permitan identificar y atajar la situación real. Y hay que emplear medios en intentar que la gente resuelva sus conflictos de manera pacífica y sin llegar al banquillo. La gente es civilizada y yo no creo, como dicen algunas como Ana María Pérez del Campo, sin estudio ni prueba alguna, que un 70 por ciento de procesos de ruptura escondan situaciones de violencia doméstica.

Dos tercios de estos procesos son de mutuo acuerdo. Claro que si entendemos por violencia un reproche... el perfil de la mujer maltratada se convierte en el perfil de todas las mujeres. Hay casos graves, pero se pueden detectar si se emplean bien los medios, y no hay que tratar todos por igual, como si las mujeres fuéramos menores de edad, incapaces de decidir si queremos perdonar o no a nuestra pareja tras una discusión.

–Al oírla da la sensación de que los jueces están atrapados por un Código Penal muy rígido.

–Muchos compañeros hacen a veces lo imposible por no aplicar un Código Penal que se ve a todas luces que es injusto, estamos trabajando para no aplicar un Código Penal que nos repugna a todos y nos parece espantoso. Ya algunos jueces han hecho interpretaciones para dejar sin efecto órdenes de alejamiento.

–¿Existen datos para contrastar esta situación?

–No y los datos que nos han enseñado hasta ahora son confusos, los números del Observatorio para la Violencia Doméstica no cuadran. Ya se debería haber evaluado qué pasó con la reforma de 2004, hay que hacer estudios generales. Uno de la Universidad Autónoma adelanta que se está produciendo un 50 por ciento de absoluciones en Barcelona ciudad. Si esto fuera así, querría decir que hay algo que hacemos mal, como absolver a un culpable y condenar, si no a un inocente, a alguien con fines que no se corresponden con la gravedad de sus hechos.

–¿Cómo reaccionan los jueces?

–Muchos ya no tramitan juicios rápidos para poder tener un informe previo y más detallado.

–Lo absurdo es que los juicios rápidos se aplican en estos casos para evitar colapsos y frenar a tiempo situaciones graves.

–Sí, pero como se está enfocando ahora la cosa no se arregla nada. Las denuncias han crecido mucho y también las órdenes de protección pero a veces no hacemos más que dar papelitos. Por eso hay que investigar y no sólo juzgar rápido porque sólo así se detectan los casos graves y se pueden evitar.

–¿La Ley hace daño a algunos?

–Sí. Si una pareja discute y el hombre empuja a la mujer, eso acaba en el juzgado y lleva a la separación de los hijos del padre. Y el argumento es que hay que separar a los niños de personas violentas para evitar que reproduzcan sus conductas. Es un discurso perverso.

–Hay una intención manifiesta de evitar esos automatismos que recoge el artículo 57.2.

–Hay muchas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas. Se habla de víctima y agresor desde el minuto cero, sin presunciones, y hay que cambiar el principio de proporcionalidad de las penas.

–Esos planteamientos chocan con los del feminismo radical.

–Se está judicializando la vida familiar y esto pasa porque en una separación niño va con pensión y pensión con piso normalmente.

–La Ley del Divorcio concilia poco con la Ley integral ¿no?

–Ya no hay que esgrimir causas para divorciarse y eso significa que ya no tiene por qué haber siempre un culpable y, por tanto, alguien que tenga más derecho que otro a quedarse con la casa. Por esto, entre otras cosas, la custodia compartida no se acepta: la Ley estimula las denuncias, verdaderas o no, y éstas impiden esta medida.

–¿Qué interés hay tras este radicalismo feminista?

–A veces es sólo ánimo de venganza y también están las subvenciones para los centros que se han creado. Yo no he visto ningún otro delito sobre el que se diga con ilusión que han aumentado las denuncias. Eso pasa con todo, las ONG se convierten en negocios.

 

 

MAS DECLARACIONES DE MARIA SANAHUJA

 

 

María Sanahuja

Divorcio y Violencia de Género: dos leyes contradictorias
Re(d)forma en Serio

Voy a hacer uso de mi derecho a la libertad de expresión en el convencimiento de que hablando la gente se entiende y de que sólo evidenciando todos los ángulos de un problema pueden encontrarse algunas soluciones al mismo. Espero que este artículo no provoque las reacciones violentas e intolerantes que se generaron a raíz de la presentación de la memoria del Decanato de Barcelona el pasado mes de mayo, anunciando que voy a abundar en la lectura de la realidad que insinué en aquella ocasión. El Proyecto de Ley de Violencia de Género y el de Ley del Divorcio responden a dos visiones de los conflictos que se plantean en las relaciones afectivas y familiares radicalmente distintas y ofertan soluciones tan absolutamente contradictorias, que difícilmente pueden convivir en el mismo ordenamiento jurídico.
La exposición de motivos del Proyecto de Ley de Divorcio parte del respeto «al libre desarrollo de la personalidad», lo que «justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge». Parte del respeto a las personas, del principio de libertad de los cónyuges para decidir voluntariamente, como ya no puede ser de otro modo, la continuación o no de su convivencia. Cuestión distinta son las consecuencias que el cese debe conllevar, en función del desequilibrio que pueda comportar en relación con la posición del otro.

En cuanto a los hijos, la exposición de motivos alude insistentemente a que en el ejercicio de la patria potestad y la guarda y custodia, todos -padres, jueces, etcétera- deben procurar que tengan una relación fluida con ambos progenitores, evitando imponer trabas o dificultades que no estén amparadas en serios motivos y potenciando el principio de corresponsabilidad en el ejercicio de las potestades, para evitar que los hijos sufran innecesariamente un perjuicio en el desarrollo de su personalidad. Por ello se alude a la mediación como procedimiento extrajudicial adecuado, aunque lamentablemente la ley no hace referencia a ella en su articulado. Y en el nuevo art. 92 del Código Civil que se propone se menciona, ya explícitamente, la guarda compartida como forma de fomentar la corresponsabilidad.
Pues bien, al mismo tiempo que se tramita un Proyecto de Ley de Divorcio en el que se manifiesta un enfoque pacificador del conflicto, el Proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género insiste en una criminalización de las acciones de exteriorización de los conflictos, por leves que sean, en el ámbito de las relaciones afectivas y familiares. Valoro muy positivamente el que se aborden en una Ley integral los distintos aspectos que interactúan en un fenómeno complejo como es la violencia contra las mujeres. Es inaplazable el trabajo en el ámbito educativo, de la publicidad y de los medios de comunicación; en el plano sanitario, en el de la asistencia social, la tutela de los derechos laborales -aquí el proyecto podría ser más ambicioso-, etcétera. Continuar en la línea iniciada por los gobiernos anteriores en las últimas reformas del Código Penal, haciendo extensivo su alcance hasta límites intolerables, no parece que vaya a ofrecer solución al problema. El número de denuncias está desbordando los juzgados y el número de órdenes de protección hace difícil su seguimiento y su exigencia de cumplimiento.
El Código Penal ha invadido el ámbito de las relaciones personales, hasta extremos nunca antes conocidos. Los ciudadanos deben ser conscientes de que cuando reprenden dando un cachete a sus hijos están cometiendo un delito; o cuando una pareja discute, llegando incluso a empujarse, si son vistos por agentes de cualquier policía, pueden ser conducidos al Juzgado de Guardia porque su acción está tipificada como delito y, al ser condenados, la sentencia comportará necesariamente, la prohibición de acercarse a la víctima y la suspensión, respecto a los hijos, del régimen de visitas (art. 57.2, en relación al 48.2 CP). Deben ser también conscientes de que el Código Penal no permite las reconciliaciones porque los dos miembros de la pareja podrían ser condenados por quebrantamiento de condena, uno como autor y el otro como cooperador necesario (art. 468 en relación al art. 28 CP); que para las mujeres extranjeras la denuncia y condena de sus parejas conlleva la expulsión automática del territorio nacional (art.89 CP), no siendo conscientes de esta consecuencia hasta que ya no pueden remediarla.
Era necesario que el sistema penal reaccionara de un modo más contundente ante situaciones de violencia, pues eran calificados como falta, hechos que por su gravedad y reiteración merecían una sanción penal más grave. Se ha llevado hasta la extrema consecuencia esa necesidad, tipificando como delito, como hemos señalado, hechos que no son graves. Y el Proyecto de Ley Integral insiste en esta dirección sin haberse evaluado previamente si las últimas reformas legislativas han dado resultado en atajar la violencia. A juzgar por el número de víctimas, puede pensarse que no. El Consejo General del Poder Judicial, en su informe sobre la Problemática Jurídica de la Violencia Doméstica aprobado el 20 de marzo de 2001, enfatizaba cómo las medidas de alejamiento se incumplen en el 90% de los casos.
Los nuevos juzgados previstos quedarán colapsados desde el inicio a juzgar por la cantidad de asuntos que pueden llegar a tramitar y la gran cantidad de competencias civiles y penales que se les atribuye (art. 42 del Proyecto de Ley de Violencia). Estos juzgados crearán más problemas de los que tratan de solucionar: No deben ser creados. Las previsiones del Proyecto de Ley son totalmente insuficientes. Así, en la ciudad de Barcelona, dos juzgados exclusivos no pueden, en modo alguno, asumir el porcentaje de asuntos que, sobre esta materia, tramitan los 33 juzgados de Instrucción, añadiendo además las competencias civiles. Por ello ha de manifestarse el temor, fundado, a que los problemas que surgirán puedan dejarse para la improvisación, y ello sería inadmisible. Puesto que no parece que se cuente con un estudio riguroso de qué porcentaje de asuntos, actualmente tramitados por los juzgados de Familia, Mixtos y de Instrucción, pasarán a los juzgados de Violencia, parece obvio que se desplazaran a esos juzgados el grueso de los procesos de familia contenciosos.
Desde la óptica de un Juzgado de Instrucción -ahora de Violencia-, el juez contaminado por la investigación tendrá que dictar sentencia en el proceso de familia, en el que a una de las partes, o a ambas, se le están imputando delitos, lo cual dificulta enormemente una tarea mediadora y pacificadora del conflicto que el juez de familia está en mejores condiciones de realizar. Por otra parte, la implementación de cualquier política debe contar con la disposición de los agentes que deben llevarla a cabo y, en este caso, no se ha realizado estudio alguno que permita saber con qué número de jueces y magistrados se cuenta, con predisposición a asumir este tipo de juzgados, en las condiciones de incertidumbre actuales y conociendo la experiencia negativa de los juzgados de Elche, Orihuela y Alicante, en los que se realizó un ensayo.
Al juez no se le puede dejar, como está en este instante, en múltiples ocasiones, solo ante las exclusivas manifestaciones de las partes. Al Juzgado de Instrucción deben ser llevados medios que permitan la toma de decisiones con conocimiento de causa. Y me refiero a iniciativas como la planteada por la secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justicia Juvenil, de la Generalitat de Catalunya, que ha realizado un proyecto que pronto se pondrá en práctica en el Juzgado de Guardia de Barcelona, con la idea de hacerlo extensivo al resto del territorio, de asesoramiento técnico en materia de violencia doméstica. Pero la situación actual es que el juez debe decidir sin conocer y sin posibilidad de errar, y ello ciertamente no es factible. Ya son muchos los compañeros que se quejan de que nos han convertido en una especie de consejeros sentimentales, y esa no es nuestra función, ciertamente. A los Juzgados de Guardia deberían de llegar, o en él deberían de poder diferenciarse, las situaciones realmente graves... para proteger efectivamente a las mujeres que están en riesgo.
Las relaciones hombre-mujer, y los problemas que de ellas surgen, ya no pueden abordase como si no se hubieran operado los cambios profundos en la sociedad española que se han dado a partir de los años 70. La progresiva equiparación en el ordenamiento juridico de derechos para ambos sexos, junto a la masiva incorporación de la mujer al mundo laboral, permite alcanzar el primer escalón, el de la independencia económica, necesario para superar los roles de dominación. La decisión de millones de mujeres en España, en los últimos años, de no centrar su vida exclusivamente en la procreación, decidiendo no tener hijos, o muy pocos, nos ha permitido dar el salto al mundo laboral. Y nos queda todavía mucho trecho por recorrer hasta alcanzar la suficiente independencia emocional que nos permita relacionarnos con las personas en condiciones de respeto e igualdad.
Es cierto que estamos en un momento de tránsito en el que los nuevos roles no están claros. Si queremos superar el modelo de caverna -él caza, ella se ocupa de la prole-, hemos de impedir especialmente las discriminaciones salariales existentes y el acceso a puestos de responsabilidad que las mujeres no podremos alcanzar si persistimos en asumir en solitario la crianza de los hijos. Por ello, el nuevo modelo al que tenemos que tender mayoritariamente, por el bien de nuestros hijos, es que se relacionen con ambos progenitores y ambos puedan contribuir a aportar los valores culturales y de socialización necesarios.
También por el bien de las mujeres, para que dispongan del tiempo absolutamente necesario para su realización personal y profesional. El nuevo modelo tras una ruptura con hijos menores comunes debe ser la guarda y custodia compartida. Los hijos se beneficiarían de una carrera de relevos, de una educación en la pluralidad , y no vivirán en el pensamiento único. Yo no tengo duda alguna de que no hubiera podido asumir la responsabilidad del Juzgado Decano de Barcelona si no fuera porque tengo, en relación con mis hijas, la guarda y custodia compartida.
Las soluciones no vendrán desde un feminismo victimista y revanchista. Pueden pensar que el mío es un feminismo elitista, de mujer con un status social y económico que lo permite. No, el mío es el feminismo del esfuerzo por ejercitar los derechos negados a las mujeres, ocupando más espacios sin pedir permiso, y que surgió en unos barrios de obreros emigrantes, pues esa era la España heredada en los inicios de esta Democracia. Desde Cataluña -aunque aragonesa- apuesto por la cultura del pacto como única vía, rentable para todos, de solucionar los conflictos. En general es falso que con el planteamiento de destruir al contrario se solucionen éstos y se avance. La Historia acredita que los odios se renuevan y se enquistan hasta la mutua destrucción. Pero en el tema que nos ocupa el otro es el padre o la madre de tus hijos y cualquier planteamiento bélico repercute directa y negativamente en ellos.