Los únicos centros en funcionamiento de Tenerife atienden 8.000 visitas al año
01-11-2008
MIGUEL ÁNGEL AUTERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE Los dos únicos Puntos de Encuentro Familiar (PEF) que existen en Tenerife reciben una media de 8.000 visitas al año, y en la actualidad mantienen en activo algo más de 170 expedientes, de los que 130 son atendidos por cuatro educadores en el centro que está ubicado en El Sobradillo (Santa Cruz de Tenerife) y el resto en el de Puerto de la Cruz).
Según señala Raimundo Moreno, director de la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia -que se encarga de la gestión de ambos centros desde hace 7 años- "en la actualidad, y al sólo contar con dos PEF en Tenerife, la situación es de saturación". El de Santa Cruz atiende la mayor parte de los casos, los del área metropolitana y los del sur de la Isla y "esto provoca que en este PEF hayamos duplicado la ratio de expedientes por educador aconsejada a nivel nacional, que es de 15. En Santa Cruz ésta es de más de 30 casos". Pero la situación es más grave si cabe, denuncia Moreno "porque tenemos una lista de espera muy extensa, casos que hoy por hoy no podemos atender".
El PEF de la capital tinerfeña cuenta con seis técnicos "una psicóloga, una trabajadora social y cuatro educadores, además de dos administrativas, mientras que el de Puerto de la Cruz lo atienden tres educadores" que llevan entre 35 y 40 expedientes.
Sólo seis centros en las Islas. En la actualidad, Canarias cuenta sólo con seis PEF: dos en Tenerife, tres en Gran Canaria y uno en Lanzarote. Según ha anunciado la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, se preveía abrir otros dos antes de 2009, en La Palma y Fuerteventura. Sin embargo, parece estar más próximo el cierre de uno de los PEF de Gran Canaria, si tal y como mantiene el Cabildo de esa Isla "el Gobierno regional no afronta la cofinanciación suficiente del mismo".
Los PEF son centros donde se favorece el derecho fundamental del niño a mantener las relaciones con sus familias, después de haberse producido una interrupción de la convivencia familiar (separaciones, divorcios), y el derecho de visita se ve interrumpido, es de difícil cumplimiento o se producen situaciones conflictivas entre el progenitor con la custodia y la otra parte.
Pero también pretenden establecer en esas familias rotas los vínculos necesarios para un buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional del menor, así como garantizar que el cumplimiento del régimen de visitas no suponga una amenaza para la seguridad del menor y prevenir casos de violencia doméstica.
Según manifestó Moreno a La Opinión de Tenerife "los PEF que gestionamos funcionan a través de un reglamento elaborado por la propia fundación porque no existe ningún decreto, ninguna normativa, ni ley alguna que los regula". A pesar de que quienes son usuarios de los servicios que ofrece el Punto de Encuentro lo hacen por orden judicial, no hay supervisión por parte de algún funcionario, sea de la Consejería de Bienestar Social o de la de Justicia, o del propio Ministerio de Justicia.
Reglamentación interna. Sin embargo, los técnicos que trabajan en estos centros mantienen informados permanentemente a los juzgados ya que se encargan de elaborar "informes objetivos de todos los casos que les llegan, anotando cualquier incidencia que se observe, tanto las que se puedan producir en las propias instalaciones del punto de encuentro como posibles signos de maltrato que muestre el menor, aunque éstos se produzcan fuera del centro", señala Moreno.
En abril de 2007, se abría un PEF en el barrio aronero de El Fraile, con lo que Tenerife pasaba a contar con tres centros. Sin embargo, este centro abierto por el Ayuntamiento de Arona, fue cerrado el pasado mes de enero después de que se produjera el incendio de un vehículo aparcado en el exterior de la instalación y causara algunos desperfectos en la fachada del mismo.
Esta circunstancia, que se hubiera podido arreglar con apenas una mano de pintura, hizo que se clausurara el PEF y más de 22 familias del sur de la Isla se tuvieran que ver afectadas desde entonces y obligadas a trasladarse a Santa Cruz para cumplir con una resolución judicial.
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