Sábado 25 de octubre de 2008
«En este caso facilitó las cosas el que la pareja tuviese dos casas» l «Casi nunca conocemos a las personas y sus circunstancias; lo lógico es que nos equivoquemos»
ÁNGEL LUIS CAMPO IZQUIERDO Magistrado, autor de la sentencia que obliga a una pareja divorciada a utilizar por turnos la vivienda familiar
Oviedo, L. Á. VEGA
Ángel Luis Campo Izquierdo, titular del Juzgado de instrucción número 8 de Gijón, ha saltado a la actualidad en los últimos días tras dictar una sentencia en la otorgaba la vivienda familiar a los hijos de dos divorciados, que vivirán en la casa alternativamente durante seis meses. Campo afirma que no es la primera vez que se dicta una sentencia de este tipo, aunque sí reconoce que es una medida excepcional, motivada por el acuerdo de los padres y facilitada por la circunstancia de que poseyesen dos viviendas. El magistrado dirigió hasta ayer viernes, junto al notario de Ribadesella José Luis Fernández Lozano, unas jornadas en Oviedo sobre los derechos de los discapacitados, un campo del que se preocupa desde hace años.
-Su sentencia ha sorprendido mucho, especialmente a los padres que se ven privados de la vivienda familiar.
-No es la primera sentencia de este tipo que se dicta en España, pero también hay que decir que es una vía excepcional. Hay que ir a la mediación familiar. Las personas que tienen problemas deben ser capaces de autocomponer su situación y tomar decisiones que no dañen aún más a sus hijos.
-En el caso concreto de Gijón, ¿qué es lo que pesó más en su decisión?
-Sobre todo el acuerdo de los padres y el hecho de que la pareja tuviese dos viviendas, lo que facilitó mucho una salida adecuada para los niños.
-¿Se evitarían muchos enfrentamientos, alguno de ellos violento, si se adoptasen más medidas de este tipo?
-Si entre todos los que intervenimos en este tipo de asuntos (jueces, fiscales, abogados...) consiguiésemos que las personas hablasen entre sí y se buscasen soluciones de mutuo acuerdo, se evitarían muchos problemas. El mayor problema que tenemos los jueces es que casi nunca llegamos a conocer a las personas y sus circunstancias, sólo disponemos de los papeles que nos entregan. Con eso tenemos que solucionarles la vida para el futuro y lo lógico es que a veces nos equivoquemos.
-En algunas ciudades ya hay campamentos enteros de caravanas ocupados por separados y divorciados. ¿No cae todo el peso de los divorcios del mismo lado?
-Es que separarse es muy caro. No obstante, las cosas están cambiando. No siempre sale el hombre de la vivienda familiar. Ya hay padres que se quedan y mujeres que se van. El problema es económico, que de un mismo sueldo tiene que salir la pensión alimenticia, en ocasiones la pensión compensatoria y el alquiler de una nueva vivienda, que en las grandes ciudades está disparado.
-Los separados y divorciados reclaman la custodia compartida. En su sentencia ha sido salomónico y entrega a los hijos seis meses a cada progenitor. ¿Es la solución?
-La guardia y custodia compartida no tiene que ser al cincuenta por ciento. Tiene infinidad de posibilidades. Si un padre trabaja muchas horas no puedo otorgarle la custodia en la mismas circunstancias que a la madre, en el caso de que ésta disponga de más tiempo. Se trata de organizar la convivencia lo mejor posible, de forma que se asegure que los padres comparten su vida con los hijos. Es una cuestión de calidad, más que de cantidad.
-Ustedes los jueces están ahora un tanto soliviantados...
-En 22 años de carrera es la primera vez que hemos conseguido unirnos. Por algo será. Sufrimos una auténtica carencia de medios y una falta de respuesta por parte de las autoridades. No puede ser que el juez ponga todo el esfuerzo y no tenga medio informáticos, ni personal, ni interinos preparados. El asunto de Mari Luz es el detonante que nos ha permitido decir «basta ya». Mientras no nos den medios, que no nos exijan.
-En las jornadas ha señalado que urge una legislación sobre los tratamientos ambulatorios involuntarios.
-No está regulado y cada Juzgado, en cada comunidad, actúa de manera diferente. Se trata de someter a personas con alguna enfermedad, generalmente esquizofrénicos, a tratamiento en contra de su voluntad. La Administración cerró los psiquiátricos y no aportó soluciones alternativas.
-También aboga por la reforma del proceso de modificación de capacidad.
-El actual impide graduar la incapacitación, con los que se pisotean muchos derechos, por dejadez de funciones de las autoridades.
«Las cosas están cambiando. Ya hay padres que se quedan y mujeres que tienen que salir de la vivienda familiar. El problema es económico. De un mismo sueldo tiene que salir dinero para pensiones y el alquiler de una nueva vivienda, que está disparado»
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