Tribunal de Cuentas archiva denuncia por malversación

 

En el día de hoy, el diario El Mundo publica a toda página el siguiente artículo:

"El Tribunal de cuentas niega que la Federación de Mujeres Separadas malverse fondos públicos."

 

Como quiera que el asunto tiene una relevancia extraordinaria y el diario mencionado, siguiendo su práctica habitual en estos temas, no se ha molestado siquiera en contactar y averiguar la versión de la otra parte, teniendo incluso una sección especial en su página web donde se ofrecen datos falsos y asesoría más que sectaria, creemos conveniente traer a colación algunos detalles de los muchos que se han omitido tanto por parte del Tribunal como por parte del diario El Mundo y su redactor Rafael J. Álvarez.

 

La denuncia se presenta por la sospecha, por no decir certeza, de la malversación de los fondos públicos que a través de subvenciones del Ministerio de Trabajo, Instituto de la mujer, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de Coslada, recibe el CARRMM, sito en Coslada, que gestiona la Federación de asociaciones de mujeres separadas y divorciadas cuya presidenta, en la práctica vitalicia, es Ana María Pérez del Campo. Tras iniciarse el procedimiento, el primer trámite fue la celebración de una reunión entre el abogado del Estado, el Ministerio fiscal y los representantes de los organismos públicos supuestamente afectados al haber otorgado subvenciones y haberse malversado las mismas según la denuncia. Ministerio de Trabajo, Instituto de la mujer, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de Coslada. Tanto el Ministerio fiscal como los representantes de los organismos públicos supuestamente afectados se negaron a que se investigase nada. Síntoma más que evidente de que algo extraño estaba ocurriendo y de que se intentaba tapar y ocultar unos hechos gravísimos. No olvidemos que, tras su llegada a La Moncloa, al primer colectivo que recibe Rodríguez Zapatero es el de las feministas encabezadas por Ana María Pérez del Campo (1).

 

Por el contrario, el abogado del Estado sí era partidario de iniciar la investigación. Afortunadamente fue éste el criterio que salió adelante y la investigación inicio su curso. La investigación ha sido continuamente boicoteada por los representantes de estos organismos públicos. Así por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha tardado más de un año en hacer entrega de la documentación que se le solicitaba. Pero lo ha hecho cuando quedaban dos días para cumplirse el plazo, de forma que los denunciantes no han tenido tiempo de valorar la documentación y hacer las alegaciones correspondientes. Ésta es una de las protestas de los denunciantes que no han sido tenidas en cuenta por el Tribunal que tampoco se ha molestado en analizar y valorar la documentación aportada por el Ministerio de Trabajo que, dicho sea de paso, los denunciantes consideran que no es la totalidad de la que se debía haber aportado.

 

Tampoco ha tenido en cuenta el Tribunal el hecho de que uno de los organismos supuestamente afectados, el Instituto de la mujer dependiente del Ministerio de Trabajo, haya otorgado nuevas subvenciones a la Federación denunciada para que pudiese pagar las sanciones impuestas con anterioridad por el uso irregular de las subvenciones anteriores. Por si no ha quedado claro: la Federación de mujeres separadas y divorciadas ya ha sido sancionada por uso irregular de subvenciones y el Instituto de la mujer les subvenciona nuevamente para que paguen la sanción con nuevas subvenciones.

 

Hemos de recordar que el artículo 8º de la Ley de subvenciones prohíbe discriminar por cualquier razón, incluido el sexo. Las asociaciones denunciadas no admiten a varones por lo que el referido artículo les afecta de lleno impidiéndoles recibir subvención alguna. Ante la protesta por este hecho a Rosa Peris, directora del Instituto de la mujer, ésta ha contestado que dicho artículo es inconstitucional y que ella no lo aplica haciendo de su capa un sayo, erigiéndose en juez y parte de su propio Tribunal Constitucional, incumpliendo la legislación vigente y subvencionando con dinero público a quienes discriminan pese a presentarse ante la opinión pública como adalides y garantes de la igualdad.

 

No deja de ser curioso y llamativo que El Mundo dedique una página entera a esta noticia, haciendo gala una vez más, de una tendenciosidad acreditada y repetida en numerosas ocasiones al tratar estos temas. No sólo no se ha dado la versión de la otra parte, de hecho ni se ha intentado averiguar, sino que la fotografía que se incluye en la noticia está elegida con premeditación. Dicha imagen es parte del infame artículo firmado por Pedro Simón en El Mundo (2), con ocasión del intento de estas asociaciones feministas para exigir al gobierno que declarase ilegales las asociaciones de padres separados (casi todas mixtas) y que fuesen cerradas sus páginas web. No es sino una nueva confirmación de la persecución (3) a la que estas feministas someten a cualquiera que ose sacar a la luz sus mentiras (4) y trapos sucios (5).

 

Hemos de recordar que lo que pretenden, tanto las feministas como el autor del artículo, es hacer creer a la opinión pública que la denuncia hoy archivada es una reacción de hombres maltratadores cuyas exesposas pusieron fin a la relación de maltrato y que la Federación denunciada no hace sino ayudarlas. Nada más lejos de la realidad. Los denunciantes son personas que han sufrido en sus carnes el secuestro de sus hijos, las falsas denuncias de maltrato (6), los informes falsos (7), etc. Todo ello como parte de la "industria del maltrato" (8) de la que la Federación denunciada no es sino uno de sus máximos exponentes. No se debe olvidar que ésta no es la primera  denuncia que reciben y que alguna de las anteriores fueron interpuestas, ya en el año 1994, por las propias empleadas de la Federación denunciada (5). Denuncias de las empleadas no sólo por el maltrato que se da a las internas y sus hijos sino por el uso que se da al dinero de las subvenciones cuyo destino es el enriquecimiento de las personas del equipo directivo, quienes en su mayor parte son de la misma familia (como está demostrado). Equipo que, según las empleadas denunciantes, se perpetua en la Junta directiva con argucias poco o nada éticas ni legales.

 

El Centro de Coslada ya nació viciado pues el edificio donde se haya fue regalado generosamente por el entonces ministro Fernández Ordóñez con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

 

En el año 2001, el Boletín de las Cortes generales, número 142, refleja la pregunta del senador D. José Varela i Serra, de Convergencia i Unió, referente a las irregularidades del Centro de Coslada. ¡Qué irregularidades no habría para que un senador por Cataluña se vea obligado a inquirir por esta cuestión!

 

En el año 2004 el Instituto de la mujer, con Mirian Tey como directora, cumpliendo con su obligación de fiscalizar el gasto del dinero público, insta a Ana María Pérez del Campo para que realice una auditoria del Centro de Coslada, negándose Pérez del Campo a aportar la documentación requerida y contestando con insultos a quien le exige que justifique en qué emplea el dinero proveniente del erario público. En febrero de 2004 (diario de sesiones de la Asamblea de Madrid nº 53), el consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad Autónoma de Madrid, Sr. Güemes, explica como no se ha podido realizar la auditoria por la obstrucción de Ana María Pérez del Campo y las sospechas más que fundadas sobre lo que sucede en el Centro. Un mes más tarde, las elecciones generales provocan un cambio de gobierno. El nuevo gobierno socialista cambia el equipo directivo del Instituto de la mujer, la petición de auditoria se retira y la impunidad vuelve a reinar en el Centro de Coslada.

 

No olvidemos que las subvenciones se conceden para atender a mujeres maltratadas. Pero resulta que las denuncias por malos tratos acaban repetidamente en sentencias absolutorias por lo que la condición de maltratada no existe y por tanto la subvención no puede ser otorgada. La condición de maltratada sólo se acredita con un certificado extendido por la propia Ana María Pérez del Campo de quien no consta formación ni titulación alguna ni la pertenencia a colegio profesional alguno. De hecho sólo se la conoce su profesión de estanquera en el establecimiento de la calle Claudio Coello de Madrid. A mayor abundamiento, es harto frecuente, por no decir la norma, la presentación de informes psicológicos, redactados y firmados por la psicóloga del Centro, referidos a los exmaridos a los que la psicóloga firmante no conoce siquiera. Extremo éste motivo de queja por parte de D. Félix Pantoja, vocal del CGPJ, en el año 2004 durante su ponencia que tuvo lugar en el Hospital San Carlos durante el Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicorehabilitación del Niño y el Adolescente.

 

Es una constante, ya expresada en la denuncia del año 1994, el que las internas del Centro sean atendidas en sus pleitos judiciales por el despacho de la hija de Ana María Pérez del Campo, Mar Abril Pérez del Campo, así como el marido de ésta, Javier Lucena Montis, algo que va en contra de lo determinado en el art. 31 de la Ley general de subvenciones que estipula que en ningún caso serán subvencionables los gastos de procedimientos judiciales.

 

Por otra parte, está constatado y acreditado que con los certificados emitidos por la estanquera como única prueba de ser maltratada, las internas acceden a beneficios tales como viviendas de protección oficial, puestos de trabajo en organismos públicos, cursos remunerados, vacaciones a costa del contribuyente, etc. Y ello a pesar de que las sentencias por denuncias de maltrato son absolutorias. Es fácil colegir el importante montante económico proveniente de los Presupuestos Generales del Estado que se maneja así como la dependencia de las internas pues si no siguen las instrucciones de la directiva no conseguirán las prebendas originarias del erario público.

 

Para ingresar en el Centro, las mujeres han de firmar un contrato en el que, entre otras exigencias, se les somete a un proceso de reestructuración de la personalidad, lavado de cerebro en términos de secta,  tanto a las internas como a sus hijos sin que los padres de los menores tengan conocimiento ni presten su consentimiento. Actuación tipificada como delito en el Código Penal y cuya finalidad evidente no es otra que tener bajo control total a las internas y sus hijos, consiguiendo de ellos casi cualquier cosa.

 

A pesar de las sentencias judiciales, la directiva del Centro obliga a las internas a incumplir los regímenes de visitas de los menores, incumplimientos que derivan en la comisión de al menos tres delitos del que el menos grave es el de desobediencia. Siendo esto muy grave, más grave aún es el daño causado a los menores que crecerán lastrados tanto por la ausencia de la mitad de su familia, en estos casos la paterna, como por la presión de quienes no tienen escrúpulo alguno en utilizarlos para satisfacer sus criterios ideológicos y aumentar su lucro personal. No olvidemos los datos estadísticos que demuestran que los hijos de padres separados que crecen apartados de una relación normal con su padre y la familia extensa, según el U.S.A. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Familie, National Center on Child Abuse and Neglect, 1996, en contraste con los hijos que conservan el trato con su padre, son:

§         5 veces más propensos a cometer suicidio.

§         32 veces más propensos a irse de casa.

§         20 veces más propensos a tener desórdenes de conducta.

§         14 veces más propensos a cometer actos de precocidad y abuso sexual.

§         9 veces más propensos a abandonar los estudios.

§         10 veces más propensos a abusar de substancias químicas y drogas.

§         20 veces más propensos a acabar en prisión.

http://www.calib.com/nccanch/pubs/statinfo/nis3.cfm

 

 

Traemos a la memoria del lector el reciente caso de la casa de acogida Malva (9), centro inaugurado por la vicepresidenta del gobierno, del que se dijo que iba a ser un referente nacional y que seguiría las directrices del Centro de Coslada regido por Ana María Pérez del Campo. Y efectivamente la casa Malva ha seguido sus directrices empezando por el maltrato a las internas y la obligación de someterse bajo contrato a la reestructuración de la personalidad de las internas y sus hijos para tenerles sometidas. Por supuesto, también se da el tejemaneje de las prebendas económicas sin el respaldo de sentencias condenatorias que acrediten la condición de maltratada.

 

No queremos terminar sin recordar que el auto de archivo es recurrible y lejos de lo que el redactor del artículo da a entender provocando el equívoco en el lector, el auto se va a recurrir para, entre otras cosas, terminar con el uso fraudulento de las subvenciones con dinero público (10). Dinero del que se benefician colectivos muy grandes con oscuros e inconfesables intereses con el amparo del gobierno de turno. Todo lo relatado con anterioridad, que es sólo una parte de la denuncia, está acreditado documentalmente, por lo que nos planteamos algunas dudas:

 

·        ¿Cómo puede el Tribunal de Cuentas haber decidido archivar el caso por no "apreciar" irregularidad ni delito alguno?

·        ¿Por qué se entorpece la investigación y no se facilita la documentación requerida?

·        ¿Qué se está ocultando, por qué y por orden de quién?

·        ¿Cómo se puede condenar en costas a quien acredita la verdad de sus acusaciones?

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