COMUNICADO DE PRENSA:
MADRES Y PADRES ANDALUCES RECLAMAN A POLÍTICOS Y JUECES EL ESTABLECIMIENTO DE LA CUSTODIA COMPARTIDA Y LA COPARENTALIDAD COMO NORMA TRAS UN DIVORCIO.
Sevilla, 18 de marzo de 2009
Con motivo de la celebración del día del padre, la Federación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres Separados informa a los medios de comunicación sobre las diversas movilizaciones y campañas que tiene previstas desarrollar para expresar a los poderes públicos su descontento e indignación por la falta del reconocimiento efectivo y real del ejercicio del derecho y la obligación de la paternidad, que está generando graves consecuencias para todos los integrantes de las familias que se ven afectadas por un divorcio, en especial para los menores, cuya existencia viene marcada por un pernicioso escenario de manipulaciones y conflictos de lealtades que determinarán su personalidad para toda la vida.
Esta Federación llama con urgencia la atención de los responsables políticos en el Parlamento Andaluz y Nacional, para que, siguiendo la senda de otros parlamentos autonómicos como el valenciano y el catalán, desarrollen una reforma legislativa en materia de familia y de protección de menores para establecer la custodia compartida como norma básica para la resolución de un divorcio con hijos. Así lo han hecho ya en la mayoría de los países de nuestro entorno como Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Suecia, Noruega, Canadá, o de Latinoamérica como Brasil o Perú, países en los que no existe la menor duda de que el interés superior del menor radica en mantener una convivencia equitativa e igualitaria con ambos progenitores, como demuestran múltiples estudios psicológicos internacionales.
Asimismo, esta Federación demanda a todos los profesionales de la Judicatura, y en particular a los responsables de los juzgados de familia, que interpreten la legislación conforme al interés superior del menor, de manera que su práctica jurídica se rija por el principio de coparentalidad como modelo idóneo para la crianza y el desarrollo integral de los hijos, y por el reconocimiento de la paternidad y la maternidad como proyectos vitales de la persona (al margen de cuál sea el sexo de las personas) y como realidades de igual rango sobre las que se fundan derechos y obligaciones fundamentales absolutamente idénticos.
Desde los responsables de todos los órganos judiciales de Andalucía y de toda España, se hace necesaria y urgente la difusión y promoción de campañas y servicios de mediación y conciliación familiar que contribuyan a la desjudicialización de los procesos de divorcio en beneficio de alternativas más armónicas que erradiquen de una vez por todas el dantesco escenario de conflictividad que atropella a las familias que atraviesan por un divorcio. En este sentido, esta Federación ha iniciado su particular campaña de promoción y divulgación sobre los beneficios de la mediación familiar, enviando cartas informativas a todos los juzgados de Andalucía sobre los servicios de mediación subvencionados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Al final de esta nota, adjuntamos los datos de contacto de cada uno de estos servicios. Rogamos a los medios de comunicación que participen activamente en esta campaña dándoles difusión.
Por último, queremos alertar a los responsables de ambos poderes, legislativo y judicial, sobre los motivos que están provocando un preocupante aumento de la contenciosidad en los divorcios, que en Andalucía supera en 10 puntos al promedio nacional, enfrentando cada día a la sociedad consigo misma:
- El carácter excepcional con que la ley actual contempla la custodia compartida, en contradicción con infinidad de estudios psicológicos que demuestran que ésta es la mejor fórmula para salvaguardar el interés superior del menor.
- El impedimento expreso, en el artículo 92.7, de poder otorgar la custodia compartida cuando existen indicios –y no sentencias condenatorias- de malos tratos. Este apartado ha generado un aluvión de denuncias falsas que están penalizando los divorcios, lesionando derechos civiles fundamentales sobre los menores y sobre adultos falsamente denunciados, al ser preventivamente alejados de sus hijos. Además del grave perjuicio para las mujeres que verdaderamente sufren maltrato, que lejos de poder acceder a una protección efectiva, ven como los juzgados de violencia de género se saturan, dedicando una incalculable batería de medios económicos, materiales y humanos para casos que no lo merecen.
- Una práctica jurídica contraria al momento social que vivimos, en el que los padres se implican en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos; práctica jurídica que otorga la custodia compartida sólo si existe acuerdo entre las partes, y en su defecto la otorga a la madre, promoviendo así el conflicto interesado de ésta.
- Una práctica jurídica que liga todas las necesidades económicas al progenitor custodio -habitualmente la madre- para convertir la custodia exclusiva de los hijos en la mejor baza para obtener grandes beneficios económicos, provocando en el progenitor no custodio –habitualmente el padre- una terrible merma en su capacidad económica e impidiéndole acceder a una vivienda digna. Los poderes públicos contribuyen así a mantener el modelo de sociedad patriarcal y machista, potenciando la dependencia económica de la mujer respecto del hombre, asignándole el rol exclusivo y excluyente del cuidado de los hijos impidiendo de este modo su incorporación plena al mercado laboral, mientras que el padre queda fuera del mapa afectivo familiar, con graves secuelas psicológicas derivadas de esta exclusión al tiempo que asume prácticamente la totalidad de la carga económica.
Envueltos en este dramático escenario de vencedores y vencidos, los menores se ven diariamente sometidos a una terrible manipulación por parte de sus progenitores, experimentando en todos los casos severos conflictos de lealtades hacia los mismos, con el gravísimo perjuicio desencadenado para su desarrollo integral.
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