En una emisión reciente del informativo internacional Euronews se trasmitió la noticia de que uno de los principales intereses del gobierno español durante su permanencia en la presidencia de la CEE es impulsar la lucha contra la violencia de género según directrices similares a las aplicadas en España con la Ley Integral. El argumento básico mencionado en el canal Euronews para apoyar esta medida es la confirmación estadística de que durante el año 2009 fallecieron cincuenta y cinco mujeres a manos de sus parejas, siendo esta la cifra más baja de mujeres muertas por este tipo de delito desde el año 2002. Sin embargo este argumento es engañoso y no sirve para demostrar que la Ley Integral contra la Violencia de Género haya servido al propósito de disminuir la violencia doméstica.
En primer lugar debe señalarse que es sólo en el 2009 cuando el número de mujeres asesinadas disminuye, durante todos los años previos en los que la Ley Integral ha tenido vigencia la cantidad de mujeres asesinadas se ha mantenido prácticamente constante. En segundo lugar no debemos pasar por alto la gran importancia que la actual crisis económica tiene en la dinámica de la ruptura de parejas. Por su causa el número de separaciones o divorcios ha disminuido considerablemente y estas situaciones de ruptura son las que más conflictividad conllevan, y constituyen el escenario más habitual de esta clase de asesinatos. Llama mucho la atención, para cualquiera que desee sacar conclusiones con prudencia y objetividad, el hecho de que en sus cinco años de vigencia la Ley Integral no haya logrado disminuir el número de muertes en cuatro de ellos, y sólo lo haya logrado al coincidir con la crisis económica, plenamente instaurada durante el año 2009. En esta coyuntura, hasta que la crisis económica no termine, tendremos dudas más que razonables sobre si la Ley Integral es realmente capaz de limitar el número de muertes por violencia en la pareja. De este modo la actual conclusión oficial miente tramposamente a la opinión pública respecto de sus logros. Debe valorarse su eficiencia o fracaso en profundidad y no de un modo tendencioso, apresurado, oportunista e incompleto, en aras a beneficiarse una vez más de la propaganda malintencionada a la que es tan proclive el feminismo de género.
Es comprensible que quienes defienden esta ley se apresuren con urgencia a señalar el descenso de las víctimas en el año 2009, ya que no existen precedentes de más éxitos durante la abrumadora mayor parte de su tiempo de vida. Un resultado más que mediocre para una norma que nació con el ambicioso nombre de Integral y ha recibido un apoyo masivo de partidos políticos, instituciones, medios de comunicación, además de una fuerte inversión económica para la puesta en marcha de sus medidas y juzgados especializados. Una ley marcadamente ideológica, con serias lagunas sobre su constitucionalidad, en lo referido a la salvaguarda de la presunción de inocencia y por crear una brecha legal de género entre los dos sexos, al penalizar por igual acción de forma diferenciada a hombres y mujeres, introduciendo así en nuestro país el delito penal de autor, amén de otros muchos fracasos que se le añaden como el aumento de las denuncias falsas, reiteradamente constatado por diferentes colegios de abogados y profesionales del Derecho, o la utilización fraudulenta de sus beneficios, hecho señalado por un informe del CES del año 2008, cuya divulgación fue rápidamente prohibida por petición de las organizaciones feministas más radicales y sus afines situadas en el poder.
La pregunta prudente es ¿El descenso del número de víctimas se debe a la crisis o a esta ley? Para cualquier persona razonable la duda queda aún en el aire, pero para los políticos hembristas ansiosos de impulsarla en un marco geográfico mayor, no hace falta profundizar más en este análisis. Sólo lo suficiente como para justificar su demanda, mediante un socorrido ejercicio de demagogia.
Para quienes defienden esta ley el éxito es rotundo, no caben dudas al respecto y ha llegado el momento oportuno de potenciarla en otras naciones. De esta forma, exportando esta medida, nuestro gobierno ultrafeminista permitirá que los hombres de la CEE puedan ver vulnerados sus derechos más fundamentales, mientras las correspondientes organizaciones, instituciones y personalidades hembristas de sus respectivos países reciben más ayudas para preservar este "status quo" a pesar de todo el desgarro que puede causar. El hembrismo no deja de repetirnos que estas severas leyes se aplican para acabar con el maltrato doméstico y construir igualdad, pero demuestra su absoluta deshonestidad e incongruencia con estos principios al no defender a los hombres maltratados en la pareja o no aplicar las medidas de la ley en contra de las mujeres maltratadoras, ni reconocer ni intentar paliar en ningún momento los graves daños que se derivan de esta norma contra los varones. Y es que el popular slogan de "Con la violencia doméstica tolerancia cero" cada vez se articula más en la práctica como "Intolerancia absoluta contra los hombres con la excusa de la violencia doméstica". Esto ya sucede aquí, y puede que dentro de poco se extienda a la totalidad de nuestro continente.
En primer lugar debe señalarse que es sólo en el 2009 cuando el número de mujeres asesinadas disminuye, durante todos los años previos en los que la Ley Integral ha tenido vigencia la cantidad de mujeres asesinadas se ha mantenido prácticamente constante. En segundo lugar no debemos pasar por alto la gran importancia que la actual crisis económica tiene en la dinámica de la ruptura de parejas. Por su causa el número de separaciones o divorcios ha disminuido considerablemente y estas situaciones de ruptura son las que más conflictividad conllevan, y constituyen el escenario más habitual de esta clase de asesinatos. Llama mucho la atención, para cualquiera que desee sacar conclusiones con prudencia y objetividad, el hecho de que en sus cinco años de vigencia la Ley Integral no haya logrado disminuir el número de muertes en cuatro de ellos, y sólo lo haya logrado al coincidir con la crisis económica, plenamente instaurada durante el año 2009. En esta coyuntura, hasta que la crisis económica no termine, tendremos dudas más que razonables sobre si la Ley Integral es realmente capaz de limitar el número de muertes por violencia en la pareja. De este modo la actual conclusión oficial miente tramposamente a la opinión pública respecto de sus logros. Debe valorarse su eficiencia o fracaso en profundidad y no de un modo tendencioso, apresurado, oportunista e incompleto, en aras a beneficiarse una vez más de la propaganda malintencionada a la que es tan proclive el feminismo de género.
Es comprensible que quienes defienden esta ley se apresuren con urgencia a señalar el descenso de las víctimas en el año 2009, ya que no existen precedentes de más éxitos durante la abrumadora mayor parte de su tiempo de vida. Un resultado más que mediocre para una norma que nació con el ambicioso nombre de Integral y ha recibido un apoyo masivo de partidos políticos, instituciones, medios de comunicación, además de una fuerte inversión económica para la puesta en marcha de sus medidas y juzgados especializados. Una ley marcadamente ideológica, con serias lagunas sobre su constitucionalidad, en lo referido a la salvaguarda de la presunción de inocencia y por crear una brecha legal de género entre los dos sexos, al penalizar por igual acción de forma diferenciada a hombres y mujeres, introduciendo así en nuestro país el delito penal de autor, amén de otros muchos fracasos que se le añaden como el aumento de las denuncias falsas, reiteradamente constatado por diferentes colegios de abogados y profesionales del Derecho, o la utilización fraudulenta de sus beneficios, hecho señalado por un informe del CES del año 2008, cuya divulgación fue rápidamente prohibida por petición de las organizaciones feministas más radicales y sus afines situadas en el poder.
La pregunta prudente es ¿El descenso del número de víctimas se debe a la crisis o a esta ley? Para cualquier persona razonable la duda queda aún en el aire, pero para los políticos hembristas ansiosos de impulsarla en un marco geográfico mayor, no hace falta profundizar más en este análisis. Sólo lo suficiente como para justificar su demanda, mediante un socorrido ejercicio de demagogia.
Para quienes defienden esta ley el éxito es rotundo, no caben dudas al respecto y ha llegado el momento oportuno de potenciarla en otras naciones. De esta forma, exportando esta medida, nuestro gobierno ultrafeminista permitirá que los hombres de la CEE puedan ver vulnerados sus derechos más fundamentales, mientras las correspondientes organizaciones, instituciones y personalidades hembristas de sus respectivos países reciben más ayudas para preservar este "status quo" a pesar de todo el desgarro que puede causar. El hembrismo no deja de repetirnos que estas severas leyes se aplican para acabar con el maltrato doméstico y construir igualdad, pero demuestra su absoluta deshonestidad e incongruencia con estos principios al no defender a los hombres maltratados en la pareja o no aplicar las medidas de la ley en contra de las mujeres maltratadoras, ni reconocer ni intentar paliar en ningún momento los graves daños que se derivan de esta norma contra los varones. Y es que el popular slogan de "Con la violencia doméstica tolerancia cero" cada vez se articula más en la práctica como "Intolerancia absoluta contra los hombres con la excusa de la violencia doméstica". Esto ya sucede aquí, y puede que dentro de poco se extienda a la totalidad de nuestro continente.
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