PAULA PÉREZ / SANTIAGO
El Valedor do Pobo ha puesto un categórico suspenso a los puntos de encuentro familiar que dependen de la Vicepresidencia de la Xunta después de culminar la investigación de oficio que abrió en respuesta a las quejas presentadas por los usuarios de este servicio.
Están desbordados, sufren descoordinación, hay falta de seguridad en sus instalaciones y sus recursos son tan escasos que la plantilla de trabajadores es reducida y está muy precarizada.
Según denuncia el Valedor, el mal funcionamiento de estos centros está obligando a cambiar los regímenes de visita entre padres e hijos dictados por el juez y podría estar mermando los casos las separaciones y divorcios que se resuelven por mutuo acuerdo.
Los siete puntos de mediación familiar que existen en Galicia son espacios en los que se facilita el encuentro entre padres e hijos en los casos de divorcios o separaciones conflictivas y también cuando los menores son apartados del seno familiar por malos tratos o desprotección.
En estos espacios hay psicólogos, abogados, psicopedagogos y trabajadores sociales que median y asesoran a las familias.
El servicio que prestan estos centros es una herramienta fundamental para resolver procedimientos judiciales de divorcios o separaciones cuando las partes están enfrentadas.
El problema es que la falta de medios de la Xunta está impidiendo que se cumplan las resoluciones acordadas por el juez, según la denuncia del Valedor.
Ésta es la principal conclusión de la investigación abierta por la institución que preside Benigno López. Durante el último semestre de 2008 el Alto Comisionado decidió desplazar a sus técnicos a los puntos de encuentro familiar que funcionan en las siete ciudades para inspeccionar las instalaciones y mantener entrevistas con el personal. La lista de carencias es larga.
Por un lado, detectaron que el escaso personal que trabaja en estos centros está desbordado, lo que ha obligado en casos como el de Vigo y el de A Coruña, a establecer una lista de espera. "Esto va en detrimento de los derechos de los menores a relacionarse con sus progenitores y familia más allegada y provoca el incumplimiento de los régimenes de visita acordados por el juez", denuncia el informe.
El Valedor tacha la situación de "grave" y alerta de que los juzgados de Familia están dejando de enviar casos a estos centros debido a su saturación.
A esto se suma que, según denuncia el Alto Comisionado, falta coordinación con los jueces y con la propia Xunta. La seguridad es otro de los puntos débiles.
Benigno López explica que en algunos casos se producen episodios de violencia y que no existen protocolos de colaboración con las fuerzas de seguridad.
El Valedor do Pobo ha puesto un categórico suspenso a los puntos de encuentro familiar que dependen de la Vicepresidencia de la Xunta después de culminar la investigación de oficio que abrió en respuesta a las quejas presentadas por los usuarios de este servicio.
Están desbordados, sufren descoordinación, hay falta de seguridad en sus instalaciones y sus recursos son tan escasos que la plantilla de trabajadores es reducida y está muy precarizada.
Según denuncia el Valedor, el mal funcionamiento de estos centros está obligando a cambiar los regímenes de visita entre padres e hijos dictados por el juez y podría estar mermando los casos las separaciones y divorcios que se resuelven por mutuo acuerdo.
Los siete puntos de mediación familiar que existen en Galicia son espacios en los que se facilita el encuentro entre padres e hijos en los casos de divorcios o separaciones conflictivas y también cuando los menores son apartados del seno familiar por malos tratos o desprotección.
En estos espacios hay psicólogos, abogados, psicopedagogos y trabajadores sociales que median y asesoran a las familias.
El servicio que prestan estos centros es una herramienta fundamental para resolver procedimientos judiciales de divorcios o separaciones cuando las partes están enfrentadas.
El problema es que la falta de medios de la Xunta está impidiendo que se cumplan las resoluciones acordadas por el juez, según la denuncia del Valedor.
Ésta es la principal conclusión de la investigación abierta por la institución que preside Benigno López. Durante el último semestre de 2008 el Alto Comisionado decidió desplazar a sus técnicos a los puntos de encuentro familiar que funcionan en las siete ciudades para inspeccionar las instalaciones y mantener entrevistas con el personal. La lista de carencias es larga.
Por un lado, detectaron que el escaso personal que trabaja en estos centros está desbordado, lo que ha obligado en casos como el de Vigo y el de A Coruña, a establecer una lista de espera. "Esto va en detrimento de los derechos de los menores a relacionarse con sus progenitores y familia más allegada y provoca el incumplimiento de los régimenes de visita acordados por el juez", denuncia el informe.
El Valedor tacha la situación de "grave" y alerta de que los juzgados de Familia están dejando de enviar casos a estos centros debido a su saturación.
A esto se suma que, según denuncia el Alto Comisionado, falta coordinación con los jueces y con la propia Xunta. La seguridad es otro de los puntos débiles.
Benigno López explica que en algunos casos se producen episodios de violencia y que no existen protocolos de colaboración con las fuerzas de seguridad.
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