La ministra Aído, como elefante en penitenciaría

Nombrar ministra a una señora cuyo currículum se reduce a haber dirigido una Agencia para el Desarrollo del Flamenco conlleva siempre un riesgo cierto.  Riesgo que aumenta si aquella es, por su edad y circunstancias, alguien a quien puede suponérsele una corta experiencia en eso que solemos llamar «las dificultades de la vida».  Pero todo se complica si, demostrada su incapacidad notable para el cargo, se le permite a la ministra convertir en leyes sus diversas ocurrencias

Que las ocurrencias afecten al flamenco quizá resulte preocupante para ese arte singular. Pero que afecten a las prisiones supone, como decía mi abuela, harina de otro costal. Y eso es lo que ahora pasa, según se denunciaba en un gran reportaje de María Cedrón publicado en La Voz este domingo, con la ley de igualdad impulsada por la ministra Aído y vigente desde el año 2007. Entre otros cambios, tal ley dispuso la extinción de las escalas masculina y femenina del cuerpo de ayudantes penitenciarios, lo que quiere decir que, tras su aprobación, las funcionarias de prisiones están obligadas a trabajar en módulos de hombres. No hay más que leer lo que opinan al respecto dos de esas funcionarias en el reportaje referido para constatar que tal cambio constituye un verdadero despropósito. Hay muchas razones para mantener el sensato sistema antes vigente, pero una es fundamental: que hombres y mujeres son distintos y que son sus diferencias (de anatomía, fuerza física y sensibilidad hacia su cuerpo) las que justifican que las funcionarias se ocupen de las reclusas y no de los reclusos. ¿Significa esto minusvalorar de algún modo a las mujeres? En absoluto: en realidad, a cualquiera que tenga sentido común -algo de lo que al parecer carece la ministra- se le ocurren mil buenos motivos para mantener una diferencia que no supone trato discriminatorio para nadie. El fondo del problema es que con este cambio legislativo -aunque no solo con él- la ministra y el Gobierno demuestran que no llegan a captar la distinta naturaleza de la igualdad, la diferencia y la discriminación. El principio de igualdad de la Constitución no persigue, de hecho, acabar con las diferencias, que son connaturales a la naturaleza humana, sino, muy por el contrario, garantizar el derecho a ser diferente, es decir, a no ser discriminado por ello.  Tales son las únicas diferencias que la igualdad no puede soportar: las que, por no ser proporcionadas, razonables y objetivas, dan lugar a discriminación. Son esas las diferencias que no están justificadas y deben ser eliminadas de raíz.  Luchar contra la discriminación constituye, por ello, un objetivo indeclinable. Hacerlo contra la diferencia supone, además de una quimera, una soberana estupidez.