Nueva vuelta de tuerca para dejar sin dinero a los maridos acusados (para nada mencionan que el 75% de las denuncias son falsas o el caso contrario: la mujer que agrede)
Promueven la investigación "preventiva" de bienes antes de la sentencia y "premiar" a las inmigrantes ilegales si denuncian "violencia de género" para que no las expulsen. Inventarse denuncias falsas, pues, siempre trae premio, com en la tómbola....
"Los maltratadores ocultan sus bienes para no indemnizar a las víctimas"
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F. Velasco MADRID- Las sentencias condenatorias contra maltratadores tienen un doble aspecto: punitivo e indemnizatorio hacia la víctima. Sin embargo, a la hora de ejecutar la resolución, los jueces se encuentran con que los acusados no tienen bienes a su nombre para hacer frente a la indemnización fijada, con lo que no tienen más opción que decretar la insolvencia. Es decir, las mujeres agredidas sufren una <<doble victimización>>. Por un lado, la agresión, física o psíquica, y, por otro, el no recibir la indemnización por el daño sufrido. Por ello, a partir de ahora, los magistrados se centrarán desde el primer momento en determinar los bienes patrimoniales de los acusados, para evitar una <<desaparición>> de los mismos a la hora de llevar a término la sentencia.
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F. Velasco MADRID- Las sentencias condenatorias contra maltratadores tienen un doble aspecto: punitivo e indemnizatorio hacia la víctima. Sin embargo, a la hora de ejecutar la resolución, los jueces se encuentran con que los acusados no tienen bienes a su nombre para hacer frente a la indemnización fijada, con lo que no tienen más opción que decretar la insolvencia. Es decir, las mujeres agredidas sufren una <<doble victimización>>. Por un lado, la agresión, física o psíquica, y, por otro, el no recibir la indemnización por el daño sufrido. Por ello, a partir de ahora, los magistrados se centrarán desde el primer momento en determinar los bienes patrimoniales de los acusados, para evitar una <<desaparición>> de los mismos a la hora de llevar a término la sentencia.
Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto en un curso organizado por el
Consejo General del Poder al que han asistido medio centenar de jueces especializados en violencia de género o dedicados a juzgar ese tipo de delitos.
En sus conclusiones también se han puesto de manifiesto otra serie de graves
deficiencias en lo que afecta a la protección de las víctimas, como la relativa a la necesidad de garantizar la atención psicológica desde el mismo momento de la interposición de la denuncia y su posterior tratamiento, <<siempre que sea necesaria y aquéllas presten su conformidad>>. Así, respecto a la investigación del patrimonio de los acusados, los jueces especializados en violencia de género han recalcado la necesidad de que quienes instruyan esas denuncias <<deberán acordar, siempre que no exista la renuncia de la víctima, las diligencias oportunas en aras a obtener la información patrimonial suficiente sobe la persona que aparece como responsable>> para que <<permitan la efectividad del pronunciamiento en materia de responsabilidad civil que pueda efectuarse>>. Y no sólo respecto a quien aparece como <<primera víctima directa>>, sino también respecto al resto de perjudicados. Sobre esta cuestión, Monserrat Comas, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, insistió en la necesidad de que los jueces, del mismo modo que prestan una especial atención a todo lo relacionado con las pruebas en los procedimientos penales, deben también <<cuidar>> para que si existe un daño -ya sea material, moral o psicológico- <<se garantice la indemnización correspondiente>>. Para ello, destacó que <<desde el
principio>> es necesario investigar las propiedades de los denunciados y evitar que,
en su caso, pueda decretar la insolvencia de los mismos, si realmente no están en
esa situación. Paralizar la expulsión Por otro lado, los jueces abogan por que se suspendan las órdenes de expulsión de aquellas mujeres inmigrantes que se
encuentren en situación irregular en España cuyas denuncias por violencia de género hayan sido admitidas a trámite, y ello con independencia de que se les haya concedido la orden protección. El objeto de esta petición es evitar una expulsión <<que incremente innecesariamente el daño>> a esas víctimas.
Otro aspecto relevante es el relativo a la conveniencia de establecer un baremo,
<<orientativo y específico>>, distinto del que regula la valoración del daño derivado del uso de vehículos de motor, que incorpore <<las distintas manifestaciones del daño que puede producirse en estos delitos, muy especialmente el alcance del sufrimiento psíquico>>. Además, reclaman la asistencia forense <<urgente>> en todos los casos de agresiones sexuales y la atención psicológicas a las víctimas desde la interposición de la denuncia y su posterior tratamiento.
Consejo General del Poder al que han asistido medio centenar de jueces especializados en violencia de género o dedicados a juzgar ese tipo de delitos.
En sus conclusiones también se han puesto de manifiesto otra serie de graves
deficiencias en lo que afecta a la protección de las víctimas, como la relativa a la necesidad de garantizar la atención psicológica desde el mismo momento de la interposición de la denuncia y su posterior tratamiento, <<siempre que sea necesaria y aquéllas presten su conformidad>>. Así, respecto a la investigación del patrimonio de los acusados, los jueces especializados en violencia de género han recalcado la necesidad de que quienes instruyan esas denuncias <<deberán acordar, siempre que no exista la renuncia de la víctima, las diligencias oportunas en aras a obtener la información patrimonial suficiente sobe la persona que aparece como responsable>> para que <<permitan la efectividad del pronunciamiento en materia de responsabilidad civil que pueda efectuarse>>. Y no sólo respecto a quien aparece como <<primera víctima directa>>, sino también respecto al resto de perjudicados. Sobre esta cuestión, Monserrat Comas, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, insistió en la necesidad de que los jueces, del mismo modo que prestan una especial atención a todo lo relacionado con las pruebas en los procedimientos penales, deben también <<cuidar>> para que si existe un daño -ya sea material, moral o psicológico- <<se garantice la indemnización correspondiente>>. Para ello, destacó que <<desde el
principio>> es necesario investigar las propiedades de los denunciados y evitar que,
en su caso, pueda decretar la insolvencia de los mismos, si realmente no están en
esa situación. Paralizar la expulsión Por otro lado, los jueces abogan por que se suspendan las órdenes de expulsión de aquellas mujeres inmigrantes que se
encuentren en situación irregular en España cuyas denuncias por violencia de género hayan sido admitidas a trámite, y ello con independencia de que se les haya concedido la orden protección. El objeto de esta petición es evitar una expulsión <<que incremente innecesariamente el daño>> a esas víctimas.
Otro aspecto relevante es el relativo a la conveniencia de establecer un baremo,
<<orientativo y específico>>, distinto del que regula la valoración del daño derivado del uso de vehículos de motor, que incorpore <<las distintas manifestaciones del daño que puede producirse en estos delitos, muy especialmente el alcance del sufrimiento psíquico>>. Además, reclaman la asistencia forense <<urgente>> en todos los casos de agresiones sexuales y la atención psicológicas a las víctimas desde la interposición de la denuncia y su posterior tratamiento.
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